Una licitación exprés de u$s450 millones en el PAMI, firmada por el titular del organismo Esteban Leguizamo, desató un nuevo escándalo por corrupción en el Gobierno de Javier Milei. La operación incluye sobreprecios del 20%, cambios en los pliegos, tiempos insuficientes para ofertar y una baja alarmante en la calidad de los productos. Todo esto, en un área sensible como el cuidado de la salud de las personas mayores.
La trama fue revelada por el diario Ámbito y confirma lo que ya había comenzado a circular en pasillos oficiales: funcionarios designados por el propio Milei denunciaron irregularidades y “negociados” con proveedores en compras directas y contrataciones sin control.
El PAMI decidió dar de baja el esquema anterior de distribución de pañales y lanzó una nueva licitación en tiempo récord: apenas seis días hábiles, en medio del feriado de Semana Santa. De cuatro empresas interesadas, tres presentaron quejas formales por no haber podido cotizar en ese plazo mínimo. Los oferentes también advirtieron por cambios sospechosos en las condiciones del pliego.
Pañales más caros, de peor calidad y con pagos adelantados
El contrato aprobado por Leguizamo implica pasar de un gasto mensual de $11.000 millones a más de $13.000 millones, que además se pagarán parcialmente por adelantado, algo inusual en contrataciones estatales.
Pero lo más grave es que, a pesar del incremento en el gasto, los nuevos pañales serán de inferior calidad. Según especialistas que analizaron el pliego técnico, los productos serán más livianos, con menor absorción y materiales más frágiles: “Se reducen los gramos, las capas y hasta las cintas de pegado. Todo afecta la dignidad y salud de los afiliados”, señalaron.
Además, las modificaciones permitirían la importación de productos de menor costo logístico, pero sin garantizar estándares mínimos de calidad sanitaria.
Denuncias internas y silencio oficial
El escándalo en el PAMI también expone una feroz interna en La Libertad Avanza. Algunos funcionarios designados por Milei presentaron denuncias internas por abusos en las compras sin licitación, utilizadas bajo el argumento de “riesgo de vida”. Sin embargo, afirman que se trataría de un mecanismo sistemático para justificar sobreprecios de hasta el 700%.
A pesar de la magnitud de las denuncias y la implicancia directa de autoridades nacionales, el Gobierno de Milei guarda silencio. Ningún vocero ha explicado hasta ahora las razones de la licitación exprés, ni los sobreprecios, ni el deterioro en los productos que recibirán los jubilados.
Un golpe a los más vulnerables
Este escándalo sacude los cimientos de una de las instituciones más sensibles del sistema público. El PAMI, que atiende a más de 5 millones de personas mayores, queda ahora envuelto en una causa que podría derivar en consecuencias judiciales graves y que deja en evidencia la contradicción entre el discurso “anticasta” del oficialismo y su accionar en el poder.
Mientras Milei recorta en salud y educación, sus funcionarios avalan contratos millonarios con sobreprecios y condiciones opacas. Y los perjudicados, una vez más, son los sectores más vulnerables.