Mientras el Gobierno nacional redujo al mínimo su inversión en publicidad oficial, la empresa estatal YPF mantuvo sus campañas publicitarias durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, los detalles sobre esos gastos permanecen en la sombra: YPF rechazó un pedido de acceso a la información presentado por el Centro de Datos de Chequeado, a pesar de que la Agencia de Acceso a la Información Pública dictaminó a favor de que se entreguen los datos.
El caso reaviva el debate sobre la opacidad del actual Gobierno en un terreno clave como la transparencia del uso de fondos públicos. Y lo hace en un contexto en el que el derecho ciudadano a acceder a la información pública se encuentra cada vez más restringido.
Cambios que limitan el derecho a saber
Desde septiembre de 2017, cuando entró en vigencia la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (sancionada en 2016), cualquier persona puede solicitar datos a organismos estatales sin necesidad de justificar el motivo. Pero desde el 1° de septiembre de 2024, el Gobierno de Milei introdujo cambios significativos mediante el Decreto 780/2024, que redefine qué se considera “información pública” y excluye datos que, según el nuevo criterio, no comprometan un “interés público”.
Clara Lucarella, abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), advirtió que esta modificación “sumó excepciones a las que existían previamente en la ley y restringió aún más el derecho de acceso a la información”.
Récord de pedidos y menos respuestas
A pesar del endurecimiento normativo, la ciudadanía no dejó de ejercer su derecho: entre diciembre de 2023 y abril de 2025, durante los primeros meses de la gestión de Milei, se registraron 12.508 pedidos de acceso a la información, lo que representa un promedio mensual de 781 solicitudes —la cifra más alta desde que rige la ley.
Comparado con gobiernos anteriores, el contraste es notable. Durante el mandato de Mauricio Macri, que implementó la ley, se recibieron 9.169 pedidos (327 por mes). En la gestión de Alberto Fernández, la cifra ascendió a 31.156 (650 por mes).
Sin embargo, el incremento en la cantidad de pedidos no se tradujo en mayor apertura. Por el contrario, se multiplicaron los rechazos y dilaciones, y las principales áreas de interés —como los ministerios con mayor presupuesto o las empresas estatales— se volvieron más reacias a brindar información.
La publicidad oficial, un área blindada
El caso de YPF es especialmente sensible. Aunque la compañía tiene participación estatal mayoritaria, se niega a transparentar sus campañas publicitarias, alegando que la información no encuadra en la nueva definición de “interés público”. Esta interpretación contradice el dictamen de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que avaló la entrega de los datos solicitados por Chequeado.
Así, mientras el Gobierno justifica su recorte a la publicidad oficial en la necesidad de austeridad, los recursos que aún se destinan a este rubro —a través de empresas como YPF— quedan al resguardo de criterios discrecionales y sin control ciudadano.
En un país donde el derecho a la información fue reconocido como un pilar democrático, el cerrojo sobre los gastos en comunicación oficial despierta una pregunta inquietante: ¿qué se busca ocultar?