Tras la contundente caída en las urnas ante el peronismo en la provincia de Buenos Aires, el presidente reconoció el «revés electoral», aunque insistió en «no retroceder un milímetro y acelerar» el rumbo económico del gobierno. La respuesta presidencial en el bunker de La Libertad Avanza reveló una preocupante incapacidad para interpretar el veredicto democrático.
El domingo 7 de septiembre, las urnas bonaerenses enviaron un mensaje inequívoco al gobierno de Javier Milei: el rechazo popular a sus políticas de ajuste es contundente y creciente. Sin embargo, la respuesta presidencial desde el búnker de La Libertad Avanza en La Plata reveló una preocupante incapacidad para interpretar el veredicto democrático.
Tras reconocer formalmente la «clara derrota» y el «revés electoral», Milei protagonizó un ejercicio de negación democrática al anunciar que «no se retrocede ni un milímetro» y que su gobierno «va a acelerar y profundizar más» las mismas políticas que acaban de ser rechazadas en las urnas. Esta postura revela una peligrosa desconexión con los principios básicos de la democracia representativa.
Las elecciones no son meros trámites burocráticos, sino mecanismos fundamentales a través de los cuales la ciudadanía evalúa y orienta las políticas públicas. Ignorar sistemáticamente estos mensajes constituye un acto de soberbia política que pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático. Particularmente llamativo resulta el intento presidencial de minimizar la derrota argumentando que los resultados representan «el piso para nosotros y el techo para ellos», una interpretación forzada que evidencia una estrategia de autoconvencimiento.
La promesa de «profunda autocrítica» y corrección de errores queda completamente vacía cuando, en el mismo discurso, se ratifica la continuidad sin modificaciones del proyecto político rechazado. No hay autocrítica posible cuando se parte de la premisa de que el rumbo es incuestionable.
Mientras Milei promete «redoblar» y «acelerar» sus políticas de ajuste, millones de argentinos experimentan el deterioro de sus condiciones de vida. La caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y la reducción del gasto social impactan directamente en las familias que expresaron su descontento en las urnas. La insistencia presidencial en profundizar un modelo económico que genera rechazo popular no solo es antidemocrática, sino socialmente irresponsable.
