El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la Ley de Emergencia Pediátrica, de este modo profundiza el ajuste y pone en riesgo la salud de miles de niños y niñas. Con el argumento de preservar el “equilibrio fiscal”, la Casa Rosada dejó sin efecto una norma aprobada por amplia mayoría en el Congreso que buscaba garantizar medicamentos, insumos críticos y recomposición salarial para el personal de salud.
El presidente Javier Milei, junto a todo su gabinete, vetó en su totalidad la Ley 27.796 que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y reconocía al Hospital Garrahan como centro de alta complejidad de referencia nacional. La decisión fue oficializada este jueves mediante el Decreto 651/2025, publicado en el Boletín Oficial.
El proyecto había sido sancionado en agosto por el Congreso con 62 votos afirmativos en el Senado y contemplaba medidas excepcionales por un año para reforzar la atención pediátrica, asignar recursos inmediatos a hospitales públicos, garantizar medicamentos e insumos críticos, recomponer salarios del personal y eximir del impuesto a las ganancias a profesionales de guardias y áreas críticas.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la norma representaba “un gasto adicional de más de $115 mil millones” y que su redacción “amplia y ambigua” generaba riesgo de litigiosidad, afectaba la coparticipación federal y comprometía tanto el presupuesto nacional como el de las provincias. El texto oficial definió la iniciativa como un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público” que ponía en riesgo la estabilidad fiscal.
Con esta decisión, el oficialismo devuelve el proyecto al Congreso, que solo podrá insistir con la ley si logra dos tercios de los votos en ambas cámaras. Mientras tanto, la Casa Rosada anunció que avanzará con un plan propio para el Garrahan y para el sistema sanitario, aunque bajo criterios de “responsabilidad fiscal”.
Este veto se suma al rechazo de la Ley de Financiamiento Universitario, lo que marca una continuidad en la estrategia de ajuste del Gobierno, que prioriza el recorte del gasto público incluso en áreas sensibles como la educación y la salud. La definición sobre la Ley de Redistribución Automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), clave para los gobernadores, quedó postergada para este viernes.
