El presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto para que las provincias definan las zonas periglaciales donde podría habilitarse la actividad minera. En La Rioja, organizaciones y especialistas advierten que el Cordón del Famatina quedaría en riesgo.
El presidente Javier Milei confirmó este jueves que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual Ley de Glaciares y permitir que sean las provincias las que definan qué áreas periglaciales pueden habilitarse para la minería. El anuncio se produjo durante su exposición en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en Corrientes.
“Vamos a mandar una ley sobre periglaciales. Hoy esa zona no está bien definida”, afirmó Milei, al sostener que la minería representa “una enorme oportunidad” con potencial —según sus palabras— para generar un millón de empleos. También lanzó críticas a los sectores ambientalistas: “Prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo, con una actitud primitiva”.
El mandatario señaló que la iniciativa original pertenece al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y remarcó que la reforma permitiría “una gran inversión minera” al otorgar mayor flexibilidad a las provincias en la delimitación del ambiente periglacial.
La Rioja, en alerta
En La Rioja, el anuncio generó preocupación inmediata. El Cordón del Famatina, ícono de la resistencia social a los proyectos de megaminería, posee glaciares de escombros y ambientes periglaciales que actúan como reservorios naturales de agua para toda la región del oeste riojano.
Organizaciones socioambientales advirtieron que, si la ley reduce las protecciones vigentes o habilita interpretaciones provinciales más permisivas, el Famatina podría quedar expuesto a proyectos extractivos que ya fueron rechazados en múltiples ocasiones por la población local.
“El agua que abastece a los pueblos del oeste depende directamente de esos reservorios. Si se toca el Famatina, se afecta la vida de toda la región”, alertaron referentes ambientales.
Una ley bajo discusión desde 2010
Argentina aprobó en 2010 la Ley de Glaciares, que protege glaciares y ambiente periglacial como patrimonio natural y reserva estratégica de agua. La norma resistió múltiples intentos de modificación y en 2019 la Corte Suprema ratificó su constitucionalidad, afirmando que el acceso al agua —como derecho colectivo— prevalece sobre intereses económicos particulares.
Un debate que vuelve a dividir al país
Mientras el Gobierno nacional sostiene que la reforma atraerá inversiones y empleo, especialistas y organizaciones recuerdan que la afectación de ambientes periglaciales es irreversible y amenaza el abastecimiento de agua en provincias áridas y semiáridas, como La Rioja, San Juan y Catamarca.
