El presidente Javier Milei decidió enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia al congreso en busca del apoyo para contraer una nueva deuda con el Fondo Monetario Institucional. Esta acción fue tomada por los legisladores como una coartada para evitar enviar un proyecto de Ley como establece la Constitución. Desde la Cámara de Diputado señalaron que esta maniobra es Ilegal pero el Presidente aceleró sin importar el debilitamiento institucional.
La posibilidad de que el gobierno actual recurra a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para formalizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha generado una considerable polémica en el ámbito político y legal en Argentina. Bajo el marco de la Ley 27.612, esta decisión podría ser considerada no solo controvertida, sino también ilegal.
Según el artículo 2 de la mencionada ley, «todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente». Esta clara estipulación establece que cualquier operación de financiamiento con el FMI debe ser sometida a la aprobación de ambas cámaras del Congreso, lo que otorga un marco de legitimidad y control democrático a un proceso que muchas veces ha sido criticado en el pasado.
Es importante señalar que un DNU, aunque es una herramienta legal que permite al Presidente de la Nación actuar en situaciones excepcionales, no puede ser utilizado para eludir procedimientos legislativos establecidos. La aprobación de un DNU por parte de solo una de las cámaras no cumpliría con lo requerido por el artículo señalado. Esto plantea una seria cuestión sobre la validez de cualquier acuerdo que se intente formalizar de esta manera, y abre un debate sobre el respeto por la institucionalidad y los procedimientos democráticos.
Si el Presidente Javier Milei y el Ministro Luis Caputo optan por utilizar esta «coartada ilegal», como la han denominado algunos sectores de la oposición, corren el riesgo de debilitar aún más la ya frágil calidad institucional de su gobierno. Un uso indebido de los DNU podría ser interpretado como un intento de evitar el control legislativo y, por tanto, como un paso en dirección a un mayor autoritarismo en la gestión del Estado.
A medida que se intensifican las discusiones sobre este tema, resulta fundamental que tanto el gobierno como la oposición asuman responsabilidades y se comprometan con un proceso que respete no solo las leyes, sino también la voluntad de los ciudadanos y el funcionamiento de nuestras instituciones. La búsqueda de la estabilidad económica no debe obtenerse a expensas de la democracia ni del respeto por el Estado de derecho.