El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Ejecutivo vetará no solo los aumentos a jubilados y personas con discapacidad, sino también la ley consensuada por todos los gobernadores para garantizar la distribución automática de fondos a las provincias.
La relación entre el Gobierno nacional y las provincias atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el presidente vetará todas las leyes que, según su criterio, comprometan el ajuste fiscal, incluso si eso implica congelar las jubilaciones, negar recursos a personas con discapacidad o profundizar el ahogo financiero de las provincias.
En declaraciones radiales, Francos confirmó que el Ejecutivo vetará las leyes recientemente aprobadas por el Congreso que prevén mejoras en las jubilaciones y pensiones por discapacidad, bajo el argumento de que “no se le puede pedir a un Gobierno que en un año y medio solucione los agujeros negros de la economía argentina”.
“El Gobierno no va a convalidar aumentos irresponsables”, afirmó Francos, quien también apuntó contra el proyecto de distribución automática de fondos —incluidos los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el Impuesto a los Combustibles— que fue aprobado en el Senado con apoyo transversal de todos los gobernadores. Si Diputados convierte esa iniciativa en ley, también será vetada.
“Una vez que el Gobierno tenga en su poder las leyes que sancionó el Congreso, las va a vetar”, sentenció el ministro coordinador. Según explicó, toda medida que “afecte el equilibrio fiscal” será descartada, sin importar el impacto que pueda tener en los sectores más postergados o en la supervivencia económica de las provincias.
Con esta postura, el Gobierno vuelve a cerrar la puerta al federalismo y reafirma una lógica centralista que deja a los mandatarios provinciales sin herramientas ni recursos para sostener servicios esenciales como salud, educación o infraestructura. A pesar de los reiterados pedidos de diálogo y cooperación, la Casa Rosada persiste en un camino unilateral que tensiona al máximo el vínculo con las provincias y pone en riesgo la gobernabilidad en el interior del país.
El veto a la distribución automática de recursos federales no solo es una señal de confrontación política, sino también una decisión que agrava la fragilidad económica de las provincias, que ya sufren recortes en obra pública, paralización de programas nacionales y caída de la recaudación por la recesión.
En medio de este escenario, la advertencia de Francos suena más a amenaza que a advertencia: cualquier intento del Congreso por corregir desigualdades o restituir recursos a las provincias será frenado con la lapicera presidencial.