El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, presentó este lunes una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por los delitos de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento, luego de que la magistrada ordenara la liberación de los 114 hinchas de fútbol detenidos tras la violenta represión durante la marcha en favor de los jubilados.
La denuncia, que fue presentada por Fernando Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con el Poder Judicial, quedó en manos de la jueza María Romilda Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
El Ministerio de Seguridad acusó a Andrade de «inventar un procedimiento propio» para «arrogarse las facultades del fiscal» y ordenar la liberación de los detenidos en flagrancia, es decir, aquellos que fueron arrestados en el momento de cometer presuntos delitos.
Además, el Gobierno anticipó que presentará una segunda denuncia ante el Consejo de la Magistratura, con el objetivo de lograr la destitución de Andrade de su cargo. En el escrito judicial, Soto destacó que entre los liberados había al menos 14 personas con antecedentes penales y sostuvo que la decisión de la jueza «fue un mero acto de voluntad basado en pura ideología».
Esta denuncia es una continuación de la presentación judicial realizada el viernes pasado, donde el Ministerio de Seguridad acusó a «grupos organizados de barrabravas» de más de 20 clubes de fútbol de participar en la manifestación y señaló al exjefe de Montoneros Mario Firmenich como uno de los instigadores.
Ante las críticas del Gobierno, Karina Andrade defendió su accionar.
«Lo que hice es lo que debía hacer como jueza, eso juré: cumplir la Constitución Nacional y los tratados de Derechos Humanos», afirmó en diálogo con Radio 10. Andrade justificó su decisión argumentando que las alcaidías porteñas están superpobladas y que, al no contar con los datos mínimos para sostener la legalidad de las detenciones, debía hacer cesar la privación de la libertad.
«Era una situación de urgencia, en un contexto de priorización de derechos», concluyó la magistrada.
La denuncia contra Andrade se enmarca en un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno de Milei y el Poder Judicial, en medio de una creciente ola de protestas sociales y una política de mano dura por parte del Ministerio de Seguridad.
Mientras la oposición y organismos de derechos humanos respaldan la actuación de la jueza, desde el oficialismo insisten en que su accionar fue «ideológico» y que permitió la liberación de supuestos agitadores infiltrados en la movilización.