En el Senado mexicano se aprobó la histórica reducción de la jornada de 48 a 40 horas sin afectar el salario, mientras que en Buenos Aires se dio media sanción a una flexibilización que incluye «banco de horas» y topes indemnizatorios.
En México, la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se aprobó recientemente con la iniciativa de una transición gradual entre 2027 y 2030. Ha sido presentada como una respuesta a reclamos de sindicatos y sectores laborales que buscan una jornada laboral más razonable y compatibilizada con estándares internacionales de bienestar.
La reforma en México -que incluye además un registro electrónico obligatorio para supervisar el cumplimiento de la nueva jornada y ajustes en la regulación de horas extra- se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Sheinbaum para fortalecer derechos laborales y responder a las demandas de millones de trabajadores.
En Argentina, en cambio, el Senado aprobó la reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei con un fuerte apoyo del oficialismo que prioriza la flexibilidad para las empresas y la reducción de costos laborales. La reforma -vista como el primer paso de la agenda económica del gobierno- incorpora medidas destinadas a reducir la litigiosidad, flexibilizar indemnizaciones, crear un sistema de “banco de horas” y permitir jornadas más largas bajo ciertos acuerdos, en un intento por atraer inversiones y dinamizar el empleo formal.
La propuesta de Milei ha generado críticas de sindicatos y sectores de oposición, que la consideran un debilitamiento de los derechos laborales y una transferencia regresiva de poder desde los trabajadores hacia los empleadores. Algunas de las medidas clave debatidas incluyen la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas en ciertos casos y la reorganización del régimen de vacaciones y horas extra.
El contraste entre los enfoques de ambos gobiernos es marcado: mientras Sheinbaum pone el foco en los derechos y la calidad de vida de los trabajadores, Argentina -bajo el liderazgo de Milei- presenta la reforma como un instrumento para reducir trabas y costos para los sectores productivos y empresariales, con la expectativa de que esto incentive la formalización del empleo y la inversión.
Estas transformaciones ocurren en un contexto regional en el que varios países debaten ajustes laborales frente a la transformación de los mercados, la automatización y la necesidad de equilibrar productividad con protección social. En México, la reforma de Sheinbaum busca posicionar al país en línea con prácticas laborales más comunes en países desarrollados, mientras en Argentina la discusión gira en torno a cómo flexibilizar normas consideradas “obsoletas” por el Ejecutivo para atraer capitales y ajustar las condiciones económicas internas.
Las reformas continuarán su tramitación en ambos países en los próximos meses, con impacto directo y serán seguidas de cerca por sindicatos, cámaras empresariales y organismos internacionales que monitorean constantemente.
