El caso de la criptomoneda $LIBRA sigue dentro de los temas mas hablados mientras la Justicia investiga si su desplome fue consecuencia de una maniobra fraudulenta o simplemente parte del riesgo del mercado. La jueza María Servini rechazó el pedido de tres damnificados para ser querellantes en la causa, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo una vez que se aclare la naturaleza de los hechos.
El escándalo estalló cuando tres inversionistas denunciaron haber perdido dinero tras comprar $LIBRA al ver un posteo del presidente Javier Milei en la red social X, el 14 de febrero. El mensaje fue fijado en su perfil y eliminado cuatro horas después, durante las cuales el valor de la criptomoneda se disparó antes de desplomarse.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la causa en Comodoro Py, analiza el material disponible y solicitó informes sobre la regulación del mercado cripto. Sin embargo, en Argentina, estas transacciones aún carecen de un marco normativo claro, lo que complica la identificación de responsabilidades.
En paralelo, el Gobierno creó una «Unidad Transitoria de Investigación» (UTI) para analizar el caso, asignando la dirección a María Florencia Zicavo, jefa de gabinete del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida generó rechazo, ya que organizaciones como el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) advirtieron sobre un posible conflicto de intereses, señalando que la investigación debería recaer exclusivamente en el Ministerio Público Fiscal.
El desenlace de la causa aún es incierto, pero el caso $LIBRA sigue sumando interrogantes sobre el rol del Gobierno, el uso de criptomonedas en la política y la falta de regulaciones en el sector financiero digital.