En un nuevo avance contra la clase trabajadora, el Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la reglamentación de la Ley N° 27.802, eufemísticamente bautizada como de «Modernización Laboral». A través del Decreto 137/2026, el Ejecutivo puso en marcha un paquete de medidas que, bajo la promesa de «formalización», elimina conquistas históricas, precariza sectores enteros y limita drásticamente el derecho a la protesta.
La norma, que lleva las firmas del presidente, Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, representa el golpe más severo al sistema de protección del trabajo desde el retorno de la democracia.
Institucionalización de la precariedad
Uno de los puntos más alarmantes es la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para los prestadores de plataformas tecnológicas y trabajadores independientes. Al definirlos legalmente como «autónomos», el Estado convalida el fraude laboral, dejando a miles de repartidores y choferes sin vacaciones pagas, aguinaldo ni licencias, bajo la máscara de una supuesta «libertad de horario».
Además, la reforma hiere de muerte la presunción de relación de dependencia. A partir de ahora, el simple hecho de emitir facturas será prueba suficiente para que el empleador eluda sus responsabilidades de seguridad social, invirtiendo la carga de la prueba en contra del eslabón más débil: el trabajador.
La ley, también, introduce los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que reemplaza la indemnización tradicional por un sistema de capitalización administrado por entidades habilitadas por la CNV.
- Financiamiento estatal de los despidos: Las empresas que aporten a este fondo recibirán una reducción en sus contribuciones patronales, lo que implica que el Estado desfinancia la seguridad social para abaratar el costo de echar empleados.
- Límite a la justicia: La norma establece que la indemnización será la «única reparación», bloqueando cualquier acción civil por daños y perjuicios, incluso en casos de abusos manifiestos.
Cerco al derecho de huelga
En un claro intento por disciplinar el conflicto social, la reforma eleva al 75% el servicio mínimo obligatorio para actividades declaradas «esenciales», una lista que el Gobierno amplió arbitrariamente para incluir desde la recolección de residuos hasta la seguridad privada. En la práctica, esto anula la efectividad de cualquier medida de fuerza, convirtiendo el derecho constitucional a la huelga en una cáscara vacía.
Ataque a la organización sindical y convenios
La ley, además, apunta contra la sostenibilidad de los sindicatos, imponiendo topes estrictos a las cuotas solidarias y limitando la ultraactividad de los convenios colectivos. Al establecer que las cláusulas obligacionales vencen automáticamente si no hay acuerdo, el Gobierno otorga a las cámaras empresariales el poder de dejar caer beneficios conquistados por décadas simplemente sentándose a esperar que el reloj corra.
Finalmente, está ley programa para 2027 la derogación de estatutos históricos que protegían profesiones con dinámicas específicas, como los de viajantes de comercio y periodistas. Sumado a la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un viejo anhelo del poder económico, el escenario queda configurado para una justicia laboral más permeable a los intereses corporativos y alejada de la protección del trabajador.
