El tratamiento de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados entró en una etapa de incertidumbre luego de que el oficialismo decidiera postergar la firma del dictamen y abrir una nueva instancia de diálogo con gobernadores de provincias mineras.
Tras las audiencias públicas, el proyecto parecía encaminarse a su resolución en comisión. Sin embargo, el oficialismo confirmó que convocará a mandatarios provinciales en los primeros días de abril y recién después evaluará emitir despacho, sin una fecha definida para su llegada al recinto.
La convocatoria, que podría ser el 7 u 8 de abril, incluirá a representantes de Catamarca, Jujuy, Salta, San Juan y Mendoza, provincias que están apoyando al desarrollo de proyectos vinculados al litio y el cobre. El objetivo es sumar respaldo político y técnico antes de avanzar con una iniciativa que genera fuertes tensiones.
Este cambio en la estrategia marca un giro respecto del plan inicial, que preveía un tratamiento más rápido al inicio del período ordinario. Ahora, el oficialismo busca fortalecer el proyecto incorporando aportes de equipos técnicos y organismos especializados, como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Las audiencias públicas, que registraron más de 105.000 inscriptos, también estuvieron atravesadas por cuestionamientos de la oposición. Legisladores señalaron que la participación efectiva fue menor a la esperada y pusieron en duda la representatividad de las exposiciones. Además, denunciaron irregularidades en la selección de oradores y reclamaron la inclusión de especialistas que quedaron fuera del esquema inicial.
En paralelo, algunos bloques analizan impulsar acciones judiciales tanto por el desarrollo del proceso como por el impacto que la reforma podría tener en la gestión de los recursos hídricos.
Dentro del propio oficialismo, el escenario tampoco es uniforme. Mientras un sector asegura contar con más de 130 votos para avanzar, otros admiten que el margen es ajustado y que el debate podría extenderse varias semanas.
El cronograma original también quedó en revisión. Aunque se evaluaba llevar el proyecto al recinto a comienzos de abril, la nueva ronda de consultas con gobernadores aleja esa posibilidad en el corto plazo.
La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y propone modificaciones a la Ley 26.639, introduciendo cambios en la definición de áreas protegidas y habilitando una mayor intervención de las autoridades locales. En paralelo, se vincula con proyectos mineros en evaluación por unos 30.000 millones de dólares.
Así, la reforma de la Ley de Glaciares se mantiene como una prioridad para el oficialismo, pero la falta de consensos y las críticas al proceso abren un escenario de negociación extendida y resultado abierto en Diputados.
