La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno de Milei anunció que lo vetará en caso de aprobarse. El documento platea la protección de las personas con discapacidad en temas vitales como: la salud, atención, rehabilitación, educación e inclusión, ante el retroceso de los derechos que sufrió este colectivo con el ajuste de Javier Milei en salud.
Desde el Foro Permanente de Promoción y Defensa de los derechos de las personas con discapacidad, aseguraron en un comunicado que el Gobierno Nacional «incumple con las pausas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad».
El coordinador del Foro, padre Adrián Molero, aseguró: «El atraso entre la inflación y los costos es de casi el 70% con respecto a lo que se paga. Habría que aumentar un 70% para seguir funcionando. Esto está llevando al sector a una gran dificultad de funcionamiento. El último aumento fue en diciembre (2024)».
¿Cómo se sostienen las prestaciones con un desfasaje acumulado del 73% (marzo 2024)?
De enero a abril de 2025:
– Inflación acumulada de +11,6%
– Aumento de aranceles prestacionales: 0%
– La situación es insostenible.
¿Qué dice el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad?
Regularización de pagos y actualización de aranceles: propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral se actualicen mensualmente. De esta forma se declara el sistema de interés público nacional.
Reforma del sistema de pensiones no contributivas: busca garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia de este beneficio.
Fortalecimiento institucional: se proyecta actualizar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar los problemas en la gestión de las prestaciones para dar una solución rápida y adecuada.
Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo tendrá que informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas que implemente en el marco de la emergencia.
Compensaciones económicas: el texto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, sean quienes establezcan los criterios para la emisión del CUD.
Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: propone que se destinen recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo de estos espacios de apoyo que complementan la atención en el hogar.
Cumplimiento del cupo laboral: asegurar la obligación del Estado para cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.