Tras seis años de funcionamiento y resultados comprobables, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) fue desmantelado el año pasado por el Gobierno de Javier Milei. La medida implicó despidos masivos, recortes presupuestarios y la discontinuación de insumos y capacitaciones que habían logrado reducir en casi 60% la tasa de fecundidad adolescente en el país. Hoy, la situación es otra.
El 15 de abril de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció un “rediseño” del programa. Esa decisión supuso el fin de los contratos de 619 trabajadores -el 80% del equipo- que operaban en territorio en las 12 provincias con las tasas más altas de embarazo adolescente (entre ellas La Rioja). Para muchas de esas personas, la noticia llegó por televisión, al ver replicada la conferencia de prensa.
Silvina Ramos, socióloga, investigadora del CEDES y una de las impulsoras del plan, confirmó que “el Plan ENIA ya no existe más” y advirtió que tampoco hay políticas que reemplacen su abordaje. Medios como «Chequeado» consultaron al Ministerio de Salud para conocer la situación actual del programa, pero no se obtuvo respuesta.
El Plan ENIA había sido lanzado en 2017, con la participación de los ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social. Se implementó en 36 departamentos de 12 provincias e incluía distribución de anticonceptivos específicos para adolescentes, consejerías en salud sexual, capacitación docente y trabajo comunitario en escuelas y barrios.
Los resultados fueron contundentes: entre 2017 y 2023 la tasa de fecundidad adolescente bajó de 27,4 a 11,5 nacimientos por cada mil mujeres de entre 10 y 19 años; en provincias como Jujuy y Tucumán el descenso fue aún mayor. También disminuyó el número absoluto de nacidos vivos de madres adolescentes: de 704.609 en 2017 a 460.902 en 2023.
Especialistas y organizaciones advierten que el retroceso amenaza con incrementar embarazos no intencionales, deserción escolar y pobreza intergeneracional. Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el CEDES y otras entidades señala que desfinanciar el plan “no sólo pone en peligro la salud y los derechos de adolescentes, sino que es contraproducente para el desarrollo económico”.
En el terreno, los efectos comienzan a sentirse. “El riesgo de que no esté el Plan ENIA es que los adolescentes no tengan información, que aumenten los embarazos no planificados y las infecciones”, alertó Dalmira Colque, educadora para la salud en San Pedro, Jujuy, donde ya detectan un incremento de abortos legales en jóvenes por falta de anticonceptivos.
