Por: Lic. Mauricio Guerrero
El dictamen de la Procuración General de la Nación conocido en las últimas horas no es un trámite administrativo más; es un hito de enorme relevancia institucional para La Rioja. Al validar que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia originaria para intervenir en el amparo por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la justicia federal le da la razón a la estrategia planteada por nuestra provincia: el federalismo se defiende con la Constitución en la mano.
¿Qué significa este dictamen?
En términos técnicos, la Procuración reconoce que la disputa entre La Rioja y el Estado Nacional por la disolución del FONID encuadra en los artículos 116 y 117 de nuestra Carta Magna. Esto traslada la discusión del barro político a la máxima instancia judicial del país, habilitando un tratamiento directo y urgente.
El impacto detrás de los expedientes
Hablar del FONID no es hablar de «fondos discrecionales». Estamos hablando de recursos esenciales que garantizan el salario de miles de docentes riojanos y el sostenimiento de la calidad educativa en cada rincón de nuestra provincia. La decisión del Gobierno Nacional de cortar estos fondos de forma unilateral no solo afectó las arcas públicas, sino principalmente el bolsillo de los trabajadores de la educación.
Un mensaje al Círculo Rojo
La Rioja ha decidido agotar todas las instancias para resguardar los derechos de sus ciudadanos. Este dictamen fortalece la posición de la Fiscalía de Estado y ratifica que los derechos adquiridos y el respeto por las autonomías provinciales no pueden ser vulnerados por decisiones administrativas de turno.
Ahora, la mirada está puesta en los ministros de la Corte. La provincia ya hizo su parte: demostrar que el reclamo es legítimo, es legal y es, por sobre todas las cosas, justo.
