Escrito por Miguel Fleytas
Desde 1988, cuando se definió el actual régimen de coparticipación federal, la provincia de La Rioja dejó de percibir un punto de coparticipación nacional. En compensación, cada año el Congreso de la Nación incorpora en el Presupuesto un monto especial que la provincia recibe en 12 cuotas mensuales. Estos recursos son conocidos como fondos extracoparticipables.
La Ley de Presupuesto 27.701, aprobada en 2023 y prorrogada automáticamente para 2024 y 2025 ante la falta de un nuevo presupuesto, establece que La Rioja debe recibir $47.000 millones anuales, distribuidos en cuotas mensuales de $3.916 millones. Sin embargo, desde la asunción del presidente Javier Milei, la provincia no ha recibido un solo peso por este concepto.
El artículo 83 de la ley vigente establece de manera explícita este monto como obligación del Estado nacional para con La Rioja. La ausencia de estos fondos impacta directamente en el equilibrio financiero de la provincia, que históricamente depende de estos recursos para garantizar el funcionamiento del Estado y la prestación de servicios esenciales.
En los últimos días, circuló una cifra que estimaba la deuda en cerca de $790.000 millones, pero ese cálculo parte de un error: multiplica los $47.000 millones anuales como si fueran mensuales. La cifra real, ajustada por inflación y según estimaciones oficiales, ronda los $265.900 millones hasta abril de 2025.
Esta situación vuelve a poner en debate el esquema de distribución de recursos en Argentina y la necesidad de una reforma profunda del sistema de coparticipación federal que garantice previsibilidad y equidad para todas las provincias.