En un escenario nacional signado por fuertes recortes en áreas clave como obra pública y transferencias, la provincia de La Rioja cerró el primer trimestre de 2024 con superávit fiscal. Lo hizo sin despedir personal, ni desmantelar estructuras del Estado.
Mientras el gobierno nacional ejecuta una política de severo ajuste fiscal, que incluye una drástica reducción en el envío de fondos a las provincias y una fuerte contracción de la obra pública, La Rioja logró mantener sus cuentas equilibradas sin recurrir a despidos ni cierres de áreas gubernamentales.
Según un relevamiento realizado por Bloomberg Línea, La Rioja integra el grupo de 19 provincias que mejoraron su resultado fiscal en 2024. Esto se dio en un contexto adverso: las transferencias no automáticas desde Nación cayeron un 67% y la inversión real directa bajó más del 70% en promedio, afectando principalmente a las jurisdicciones con mayor dependencia de estos fondos.
Aun así, la provincia logró ordenar sus finanzas, registrando un superávit en el primer trimestre del año. Lo hizo a través de una gestión del gasto que priorizó la eficiencia sin recurrir a medidas que impactaran directamente sobre la planta de empleados estatales o sobre servicios esenciales.
Una de las claves del equilibrio fue la contención del gasto corriente y la adecuación de inversiones, en un marco donde la obra pública financiada por Nación prácticamente se paralizó. En este rubro, La Rioja fue una de las provincias más afectadas, con una contracción del 97% en los recursos destinados desde el Tesoro Nacional.
Pese a esa retracción, la administración provincial optó por mantener la estructura del Estado y garantizar la continuidad de las funciones públicas. De este modo, La Rioja muestra que es posible transitar el camino de la responsabilidad fiscal sin apelar a medidas drásticas que afecten el empleo y los servicios básicos.
Este escenario contrasta con el enfoque nacional, que se basó en un ajuste profundo, especialmente en sectores que impactan directamente en la población, como subsidios, obra pública y asistencia a provincias. La experiencia riojana abre el debate sobre qué estrategias pueden aplicarse para alcanzar sostenibilidad fiscal sin comprometer derechos ni estructuras.