Un nuevo informe sobre las transferencias automáticas a las provincias para el período 2024-2025 pone en evidencia una realidad alarmante: La Rioja es una de las provincias más afectadas del país, con un recorte del 4,2%. Si bien todas las jurisdicciones sufren en mayor o menor medida la falta de fondos, el impacto en nuestra provincia se destaca por su gravedad. La diferencia no es solo económica, sino profundamente política: el Gobierno nacional apunta directamente contra La Rioja como parte de una estrategia de disciplinamiento.
El ajuste se profundiza en un contexto donde el gobernador Ricardo Quintela decidió sostener el empleo público en lugar de someterse a las órdenes del presidente Javier Milei, quien exige despidos masivos en el Estado. La decisión de proteger a las familias riojanas tuvo un costo: la provincia se convirtió en blanco de recortes cada vez más severos. Mientras otras provincias reducen sus estructuras bajo presión, La Rioja elige un camino de resistencia y cuidado social, y por eso es castigada con más dureza.
Detrás de esta maniobra hay una estrategia política clara y coordinada entre Javier Milei y el diputado nacional Martín Menem. Con el aval del presidente, Menem busca asfixiar financieramente a la provincia para debilitar al gobierno de Quintela y posicionarse como candidato a gobernador. No es un hecho aislado ni una decisión técnica: es un plan premeditado para generar una crisis en La Rioja, usando el ajuste como herramienta de construcción política. El ahogo financiero no es consecuencia, es objetivo.
El mapa que acompaña este informe muestra con claridad que La Rioja se encuentra entre las provincias con mayor caída en las transferencias automáticas. Solo unas pocas jurisdicciones superan el 4% de reducción, y en la mayoría de los casos las bajas rondan entre el 3,8% y el 4,1%. La Rioja, con un recorte del 4,2%, queda en el grupo más golpeado junto a provincias como Santa Fe (-6,0%) y San Luis (-6,1%), pero a diferencia de estas, nuestra provincia depende en mayor medida de los recursos nacionales para sostener su estructura productiva, social y administrativa. Esto agrava el impacto real del recorte y refuerza la idea de que se trata de una decisión política con consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los riojanos.