El artículo 191 del proyecto impulsado por el Gobierno nacional implicaría una fuerte caída de recursos para las provincias. Un informe fiscal advierte que La Rioja perdería más de $22.000 millones anuales, fondos clave para sostener salarios, salud, educación y obra pública.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo foco de conflicto con las provincias y encendió alarmas en La Rioja. El eje de la preocupación se concentra en el artículo 191, que introduce cambios en el impuesto a las Ganancias y, de manera indirecta, provoca una reducción en los fondos coparticipables que reciben las provincias.
La medida resulta especialmente perjudicial para provincias que necesitan de la coparticipación federal para su desarrollo como es el caso de La Rioja, ya que implica una menor recaudación nacional y, en consecuencia, menos recursos a distribuir. Esto impacta de forma directa en las finanzas provinciales y limita la capacidad del Estado para sostener políticas públicas esenciales.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que los cambios incluidos en el proyecto generan un costo fiscal anual del 0,22 % del PBI, equivalente a 1,9 billones de pesos. De ese total, $1,12 billones corresponden a pérdidas para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto afecta a las cuentas nacionales.
El estudio analizó, entre otros puntos, la reducción de alícuotas para sociedades de mayor facturación y exenciones en el impuesto a las Ganancias. Según el cronograma previsto, el impacto pleno se sentiría a partir de 2027, cuando se presenten las declaraciones juradas del ejercicio fiscal 2026, en un contexto además atravesado por un año electoral.
Las proyecciones muestran fuertes asimetrías entre distritos. Buenos Aires encabeza el ranking de pérdidas, seguida por Santa Fe y Córdoba. En el caso de La Rioja, la estimación es contundente: una pérdida anual de $22.493 millones en concepto de coparticipación federal.
Para la provincia, estos recursos resultan determinantes para el pago de salarios estatales, el financiamiento de la salud y la educación pública, programas sociales y la ejecución de obra pública. Con el proyecto listo para su tratamiento legislativo, la reforma expone un choque directo entre el alivio impositivo a las empresas que propone la Nación y la necesidad de las provincias de sostener sus ingresos.
