En un esfuerzo por reencauzar la discusión institucional y destrabar la deuda que mantiene el Gobierno nacional con La Rioja, legisladores nacionales y representantes de ambas administraciones se reunieron en Buenos Aires para analizar la situación de los fondos compensatorios adeudados a la provincia. La convocatoria fue impulsada por el Gobierno riojano como gesto de apertura al diálogo frente a la falta de respuestas oficiales sobre el envío de estos recursos.
Desde la Provincia se recordó que la compensación reclamada tiene más de dos décadas de reconocimiento por parte de sucesivos gobiernos nacionales y se origina en la quita de un punto de coparticipación realizada en 1988. Según las autoridades riojanas, la ausencia de este mecanismo constituye un incumplimiento de una obligación histórica que afecta de manera directa la estabilidad financiera local.
En la reunión participaron las diputadas y diputados nacionales Gabriela Pedrali, Sergio Casas, Hilda Aguirre de Soria, Ricardo Herrera (mandato cumplido) y Gino Visconti; los senadores Fernando Rejal, Florencia López y Juan Carlos Pagotto; y el jefe de Gabinete provincial, Juan Luna. Por parte del Gobierno nacional asistieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Menem.
Las autoridades riojanas insistieron en la necesidad de que el Presupuesto nacional actualmente en debate reincorpore la compensación, al tratarse de recursos clave para garantizar el funcionamiento del Estado provincial. Afirmaron, además, que no se trata de un beneficio circunstancial para una gestión particular, sino de un derecho de toda la ciudadanía riojana. También señalaron que la deuda acumulada profundiza las tensiones financieras en la provincia y subrayaron la importancia de mantener una postura común más allá de las diferencias partidarias.
La Provincia consideró que esta instancia de diálogo cumple un doble propósito: exponer ante Nación las consecuencias de la retención de fondos y reafirmar el compromiso institucional con la ciudadanía, sosteniendo un reclamo que consideran legítimo y necesario para asegurar el normal desempeño de la administración pública local.
