La Legislatura nacional aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno y entre las modificaciones se eliminó el Estatuto del Periodista, una norma vigente desde 1946 que establecía condiciones específicas para los trabajadores de prensa, y que ahora deja de aplicarse como parte de las nuevas reglas laborales.
El Estatuto del Periodista (Ley 12.908) fue una ley histórica que “regula las funciones, condiciones, derechos y garantías de los periodistas profesionales, incluyendo la libertad de expresión y pensamiento” y contemplaba un régimen propio de categorías, escalafón e indemnizaciones especiales dentro de las empresas de comunicación.
Con la reciente sanción de la reforma laboral en el Senado, la derogación de ese estatuto -junto con otros como el estatuto del viajante de comercio y el del peluquero- fue confirmada como parte del nuevo marco legal que regirá las relaciones de trabajo en el país. Bajo el texto aprobado, estos estatutos serán eliminados seis meses después de la entrada en vigencia de la ley, lo que significa que los trabajadores afectados tendrán un periodo de transición antes de que la derogación sea efectiva.
La eliminación del estatuto implica que los periodistas dejarán de regirse por un marco laboral específico y pasarán a estar comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) general, con acuerdos colectivos y normas más amplias aplicables a todos los trabajadores. Esta transformación modifica aspectos como la forma de remuneración, las garantías y estructuras jerárquicas que antes estaban expresamente reguladas para el sector.
Antes de la aprobación de la reforma, empresarios de medios de comunicación habían presionado para eliminar el Estatuto del Periodista, argumentando que generaba “costos y rigideces” que dificultaban la contratación formal, especialmente en redacciones pequeñas o del interior del país. En ese contexto, sostuvieron que buscaban “igualdad y reglas previsibles” similares a otros sectores bajo la LCT y que la competencia con plataformas digitales aumentaba la necesidad de flexibilizar el marco laboral.
Por su parte, sindicatos de prensa, organizaciones de trabajadores y sectores de la oposición expresaron su rechazo a la derogación durante el debate previo a la votación. En las semanas anteriores a la sanción, se presentaron solicitadas y movilizaciones con miles de firmas para mantener los estatutos, y se advirtió que su eliminación podría agravar la precarización del trabajo periodístico y debilitar garantías laborales históricas.
