Mientras el discurso oficial del Gobierno Nacional machaca diariamente sobre la necesidad de un ajuste sin precedentes que asfixia a la clase media y trabajadora, la realidad patrimonial de sus principales figuras parece transitar por un carril opuesto de prosperidad. El caso del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ha convertido en el emblema de esta contradicción, tras conocerse detalles sobre su reciente expansión inmobiliaria y un estilo de vida que dista mucho de la «austeridad franciscana» que el Ejecutivo predica.
Registros oficiales del Registro de la Propiedad Inmueble han confirmado que Adorni adquirió un departamento en el barrio porteño de Caballito, ubicado en la calle Miró al 500. Lo que despierta suspicacias no es solo la compra en sí, sino que la operación se realizó sin que el funcionario se desprendiera de su vivienda previa en Parque Chacabuco, situada sobre la calle Asamblea.
De esta manera, el Jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, han consolidado un patrimonio que hoy ostenta al menos dos propiedades de alto valor en la Ciudad de Buenos Aires, sumadas a otros bienes que el funcionario ha intentado justificar bajo el paraguas de su actividad privada previa. Al ser consultado sobre por qué este nuevo inmueble no figura en su última declaración jurada, Adorni apeló a una respuesta técnica: «Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida».
La propiedad en Caballito es solo la punta del iceberg de un entramado que genera cada vez más interrogantes. Recientemente, se conoció la adquisición de una vivienda en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, a nombre de su esposa. Aunque el funcionario intentó minimizar el hecho calificándolo como un «country de clase media», las expensas, que rondarían los $700.000, y el valor de mercado de las unidades en el predio contrastan fuertemente con la realidad económica del argentino promedio.
A este escenario se suma el escándalo por su viaje a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo real oscilaría los u$s 10.000, una cifra que triplica lo admitido inicialmente por el entorno del funcionario. Las dudas sobre quién financió dicho traslado, con versiones que apuntan a productoras vinculadas a medios públicos, han llevado a la diputada Marcela Pagano a ampliar denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.
Los números no mienten: entre el inicio de la gestión en diciembre de 2023 y el cierre de 2024, el patrimonio declarado de Adorni en pesos aumentó un 319%. Si bien el funcionario argumenta que sus bienes fueron construidos antes de ingresar a la función pública, el salto en sus activos, que incluye la incorporación de una camioneta Jeep Compass Sport 2021 y un incremento significativo de dólares «en el colchón», resulta difícil de digerir para una sociedad a la que se le pide «aguantar» un ajuste estructural.
La gestión que prometió terminar con los privilegios de la «casta» enfrenta hoy el espejo de sus propios manejos. Mientras Adorni sostiene que «no tiene nada que esconder», la acumulación de ladrillos, viajes de lujo y deudas cruzadas con familiares dibuja una radiografía del poder que, lejos de sacrificarse, parece estar aprovechando su paso por la función pública para blindar su bienestar personal.
