El gobierno de Javier Milei votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que reconoce la esclavitud como crimen de lesa humanidad. La medida se adoptó en el marco del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavizados, una fecha de fuerte carga simbólica dedicada a la memoria y a la reflexión sobre las consecuencias actuales del racismo.
La iniciativa, impulsada por Ghana, obtuvo un amplio respaldo internacional: 123 países votaron a favor, mientras que solo tres -Argentina, Estados Unidos e Israel- se manifestaron en contra, y 52 optaron por la abstención.
La Constitución Nacional, a través del artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados de derechos humanos. En esa línea, el país adhirió al Programa y Plan de Acción de Durban, aprobado en 2001 durante la III Conferencia Mundial contra el Racismo, donde se establece de manera explícita el carácter de la esclavitud como crimen de lesa humanidad.
En ese documento se reconoce que la esclavitud y la trata transatlántica constituyen una de las principales fuentes del racismo contemporáneo, así como una base histórica de las desigualdades persistentes. A partir de ese consenso, distintas organizaciones y comunidades afrodescendientes han impulsado en las últimas décadas demandas de reparación.
La decisión del gobierno argentino adquiere un significado político particular. Al rechazar una resolución alineada con principios ya incorporados al derecho internacional y previamente aceptados por el propio Estado, el país se ubica en una posición minoritaria dentro del sistema global de derechos humanos.
El voto negativo no solo refleja un alineamiento con Estados Unidos e Israel, sino que también plantea interrogantes sobre el rumbo de la política exterior argentina y su relación con agendas vinculadas a la memoria histórica, la discriminación racial y las reparaciones.
