La Justicia dictó una medida cautelar que ordena a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir las pensiones por discapacidad que fueron suspendidas de manera arbitraria en la provincia. La decisión judicial representa un triunfo para los derechos de las personas con discapacidad y un precedente en la defensa que el Gobierno de La Rioja ejerció ante las irregularidades del organismo nacional.
El Asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, resaltó programa Políticamente por Canal 9 la decisión de la Justicia de frenar la baja de pensiones por invalidez a beneficiarios riojanos que habían quedado sin cobertura. La resolución judicial respondió a un amparo presentado la semana pasada, luego de denunciar irregularidades en la auditoría que derivó en la suspensión de los pagos.
Goyochea destacó que el gobierno Provincial conformó un equipo de trabajo que abordó la problemática desde dos frentes: administrativo y judicial. «El Gobierno de La Rioja ha predispuesto un equipo que se puso a disposición tanto en el punto de vista administrativo, mediante el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Provincial de Discapacidad, como judicial», señaló.
Las acciones administrativas se llevaron a cabo conforme a las auditorías planteadas en el decreto del Poder Ejecutivo Nacional y las resoluciones de ANDIS. Sin embargo, el accionar de estos organismos realizó suspensiones y bajas de beneficios sin un criterio determinado, «como parte de una arbitrariedad manifiesta de la cual se manejó sin actos administrativos previos», denunció Goyochea.
Ante esta situación irregular, se activaron los mecanismos judiciales que resultaron en dos fallos importantes. El primero, del juez federal Herrera Piedrabuena, «ha marcado una tendencia importante en la receptividad del Ministerio Público de la Defensa». El segundo, a nivel provincial, fue dictado por la jueza Fernanda Alcázar, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada.
La medida cautelar tiene alcance integral: la Justicia ordena a ANDIS que se abstenga de tomar medidas vinculadas con la suspensión o baja de los beneficios y, en caso de haber realizado la baja, la intima en un plazo de cinco días para que reintegre el servicio. «Es un beneficio que no solo comprende la pensión sino también los servicios de obras sociales que son sustanciales para el tratamiento de las personas con discapacidad», destacó el funcionario provincial.
Un precedente nacional
La singularidad del caso de La Rioja radica en que el Estado provincial asumió los mecanismos de defensa de manera proactiva, lo que marca una diferencia sustancial con respecto a otras provincias. «Es un precedente en el cual estas medidas cautelares valoran la verosimilitud de no haber sido notificados por la ANDIS», explicó Goyochea.
El asesor consideró que se trata de «un signo de esperanza que la justicia haya dado lugar a estas acciones» y que ANDIS está obligada a proceder en la restitución del servicio. La medida es integral y apunta a restablecer el servicio tal como lo percibía el beneficiario antes de la suspensión.
Goyochea fue particularmente crítico con los métodos empleados por el organismo nacional, calificándolos como un «mecanismo cruel y miserable» al exigir estudios que «rozan la inacción humana, sobre todo en aquellos que perdieron o fueron amputados de uno de sus miembros».
Las cifras del impacto
En La Rioja son 14.000 los beneficiarios de pensiones por discapacidad. Solo en agosto, 600 pensiones fueron dadas de baja, lo que representa un impacto significativo en la población más vulnerable de la provincia.
Los mecanismos judiciales se están ejecutando para brindar asesoramiento a los beneficiarios que fueron perjudicados. Las personas afectadas pueden acudir al Consejo Provincial de Discapacidad para recibir el asesoramiento necesario y presentarse en la Justicia.
Un mensaje de esperanza y resistencia
La decisión judicial en La Rioja se suma a otros fallos similares en el país y representa un freno a las políticas de ajuste que afectan a los sectores más vulnerables. El precedente establecido por la provincia demuestra que es posible defender los derechos de las personas con discapacidad cuando el Estado asume su rol protectorio y utiliza todos los mecanismos legales disponibles.
