La Justicia Federal de Catamarca ordenó restablecer en todo el país las pensiones por invalidez suspendidas por el Gobierno de Javier Milei. Además, exigió el pago de los haberes retenidos a las personas afectadas y dispuso que hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se deben suspender las auditorías y nuevas suspensiones.
El fallo critica el ajuste que dejó sin ingresos a miles de personas con discapacidad y califica la medida oficial como arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
El Juzgado Federal 2 de Catamarca extendió a nivel nacional la medida cautelar que obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones por invalidez laboral que habían sido dadas de baja. Además, ordenó el pago inmediato de los haberes retenidos y dispuso suspender nuevas auditorías y recortes hasta que haya una sentencia definitiva.
La resolución surge a partir de un amparo colectivo impulsado por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a organizaciones de derechos humanos como el CELS, ACIJ y la Asociación Azul. En la presentación judicial se denunció que la suspensión de más de 100.000 pensiones violó el debido proceso y el derecho a la protección social, dejando a miles de personas en situación de extrema vulnerabilidad.
El fallo representa un fuerte revés para la política de ajuste del Gobierno nacional, que había justificado los recortes bajo el argumento de “depurar irregularidades”. La Justicia, en cambio, señaló que el accionar estatal fue arbitrario y puso en riesgo el derecho a una vida digna de personas con discapacidad.
