Un fallo obliga al Gobierno nacional a actualizar los montos y mejorar la accesibilidad del programa para jóvenes de entre 15 y 17 años. La demanda fue presentada por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick, hizo lugar a un amparo colectivo presentado por la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes contra el Ministerio de Capital Humano, con el objetivo de resguardar el acceso de jóvenes de entre 15 y 17 años a las becas Progresar.
La causa —caratulada “Defensoría de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes c/ EN-M Capital Humano-DNU 8/23 s/Amparo Ley 16.986” (CAF Nº 21980/2024)— exige que el Poder Ejecutivo nacional actualice los montos de las becas conforme a lo establecido por la Ley 27.726 y garantice condiciones adecuadas de inscripción, difusión y acompañamiento.
El juez Cormick declaró la admisibilidad del caso como un proceso colectivo, en línea con la Acordada 12/16 de la Corte Suprema de Justicia, lo que abre la puerta a la participación de otras personas interesadas, tanto como actores adherentes o eventuales demandados. En ese sentido, se dispuso la publicación de un edicto durante tres días consecutivos en un medio de amplia circulación y en el Boletín Oficial. A partir del día siguiente a la última publicación, habrá un plazo de cinco días hábiles para sumarse al expediente.
El reclamo apunta especialmente a garantizar el derecho a la educación de adolescentes en situación de vulnerabilidad social, en un contexto donde la crisis económica y los recortes presupuestarios han dificultado el acceso a políticas públicas clave.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la necesidad de asegurar una mayor difusión de las convocatorias, establecer canales accesibles de inscripción y eliminar requisitos no contemplados expresamente en la normativa vigente, que podrían actuar como barreras de ingreso para miles de jóvenes.
La decisión judicial representa un avance en la protección de los derechos de las y los adolescentes, y pone bajo la lupa el cumplimiento efectivo de las políticas educativas en un escenario de ajustes y reformas por parte del Gobierno nacional.