La Justicia Federal resolvió desestimar y archivar de manera definitiva una denuncia presentada contra el gobernador y la senadora en el marco de la causa CFP 748/2026, tramitada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9.
La decisión, dictada el 27 de marzo de 2026, se fundamenta en el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación y recoge el dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo, quien concluyó que las expresiones cuestionadas se enmarcan dentro de un contexto de debate político y social, sin configurar delito alguno.
La denuncia había imputado a los funcionarios por presuntos delitos de intimidación pública, apología del delito, sedición y atentado contra el orden constitucional, a partir de declaraciones realizadas en ámbitos políticos y mediáticos. Sin embargo, la resolución judicial consideró que no existían elementos suficientes para avanzar en una investigación penal y que las manifestaciones deben interpretarse en el marco de la discusión pública.
Tras conocerse el fallo, el propio gobernador difundió un mensaje en el que sostuvo que la acusación resultó “desproporcionada” y que intentó tergiversar el sentido de sus palabras. También señaló que el uso del sistema judicial para canalizar denuncias de este tipo puede constituir un intento de disciplinar voces políticas disidentes.
El mandatario remarcó además que la decisión judicial pone fin a una causa sin sustento y reivindicó el valor del debate democrático como parte del funcionamiento institucional. En ese sentido, afirmó que continuará expresando sus posiciones políticas, destacando la importancia de sostener la discusión pública como herramienta de representación y participación.
