El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena dialogó con Radio La Red y brindó detalles sobre el estado actual de la causa en la que se investiga presunta malversación de fondos por medio de la organizaciones no gubernamentales, un expediente, que ya lleva casi una década de trámite. En la causa están imputadas alrededor de 230 personas y unas 70 ONG.
El magistrado recordó que la causa se inició en 2016, a partir de una denuncia de Procelac, el organismo de la Procuración Fiscal especializado en delitos económicos, y están imputadas 230 personas físicas y jurídicas. La presentación se realizó luego de que Banco Rioja emitiera lo que se conoce como “alertas 2”, reportes por operaciones sospechosas vinculadas a movimientos financieros inusuales.
Gobernaba la provincia el actual diputado Sergio Casas que sucedió a Luis Beder Herrera. A partir de esas alertas, el fiscal Carlos Gonella elaboró un informe y presentó la denuncia formal ante la Justicia Federal. Con ese requerimiento fiscal se abrió la investigación sobre numerosas ONG y fundaciones que, según las observaciones del banco, extraían sumas importantes de dinero en efectivo por ventanilla, lo que llamó la atención de la entidad.
“Había organizaciones que iban por caja y retiraban montos elevados. Eso encendió las alarmas y dio inicio al proceso judicial”, explicó Herrera Piedrabuena. El juez detalló que la indagatoria inicial no pudo avanzar porque el requerimiento fiscal “no reunía las condiciones necesarias” para garantizar la defensa en juicio. “Una acusación no puede ser imprecisa. Debe establecer modo, tiempo y lugar.
“En este caso, esos requisitos no estaban cumplidos, y por eso declaré la nulidad y pedí al fiscal que ampliara la fundamentación”, indicó. Esa ampliación no se realizó en ese momento, lo que demoró el trámite de la causa. Según explicó el juez, el expediente revela un patrón que ya observó en otros casos: la captación de vecinos para integrar ONG sin conocer realmente los fines o maniobras detrás de su conformación.
“Muchas personas aparecen en actas constitutivas sin haber tenido participación en hechos ilícitos. Fueron convocadas para integrar organizaciones con fines supuestamente solidarios, pero que luego fueron utilizadas para maniobras con dinero público”, señaló. Ante la consulta sobre el monto total presuntamente comprometido, el magistrado señaló que aún no hay una cifra final, especialmente por el tiempo transcurrido. “Vamos a pedir peritos de la Corte para que determinen el impacto económico actualiza-do.
«Son muchísimas sumas que deben verificarse y actualizarse”, indicó. Herrera Piedrabuena detalló que la investigación incluye la trazabilidad de los fondos: desde el entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación, hasta su distribución a la provincia, su derivación al Ministerio de Infraestructura y, finalmente, la asignación a empresas u organizaciones mediante convenios.
