El Supremo de Brasil mantiene la sentencia contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Deberá cumplir 27 años y tres meses de prisión.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil ha rechazado definitivamente las apelaciones del expresidente Jair Bolsonaro contra su condena a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado, y ha desestimado las de los demás miembros del grupo de acusados encabezado por el exmandatario, manteniendo así las correspondientes sentencias contra todos ellos.
En una votación por unanimidad, la Primera Sala del STF ha denegado las llamadas solicitudes de aclaración –que permiten a la defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas sobre los argumentos de los jueces– tras el correspondiente plazo para estudiar y analizar los recursos, después de que los magistrados anunciaran sus respectivas posiciones la semana anterior en Brasil.
De este modo, han ratificando formalmente las sentencias tras el voto a favor de los cuatro jueces que componen el órgano. El que sería el quinto, Luiz Fux, no ha participado porque pasó de formar parte de la primera sala del alto tribunal a la segunda a petición propia tras pronunciarse a favor de la absolución de Bolsonaro.
Brasil condena a 27 años a Jair Bolsonaro
Rechazadas así las peticiones de la defensa –como reducir las penas o facilitar su cumplimiento en régimen abierto–, pende la publicación de la sentencia, sin fecha fijada por ahora, que decretará la detención y el lugar donde cumplirán sus condenas los integrantes del primer grupo de acusados por la trama golpista de 2022, que incluye a los exministros de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el de Justicia, Anderson Torres, o el exalmirante de Marina, Almir Garnier.
Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.
Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.
