La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a ejecutar de manera inmediata la Ley 27.795 de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente, en un nuevo capítulo del conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario.
El fallo ratificó la decisión dictada en primera instancia y rechazó la apelación presentada por el Estado nacional. En su resolución, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán calificaron como “poco serios” los argumentos del Ejecutivo, que había sostenido que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta.
La medida judicial exige el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la ley, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025. Además, ordena avanzar en la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Uno de los puntos destacados del fallo es la consideración de que el impacto fiscal de la implementación de la medida es bajo, por lo que no afectaría de manera sustancial el interés público. En ese sentido, el tribunal remarcó que lo que se encuentra en juego es un derecho central consagrado en la Constitución: el acceso y sostenimiento de la educación superior pública.
La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas. En aquella instancia, el magistrado cuestionó el Decreto 759/2025, que había suspendido la ejecución de la ley hasta la asignación de recursos específicos, al considerar que presentaba rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. También señaló la existencia de una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico” por parte del Estado.
Desde el Poder Ejecutivo, en tanto, se había argumentado que la decisión judicial era arbitraria y que la implementación de la ley requería previamente definir sus fuentes de financiamiento e incorporarlas al Presupuesto nacional, una atribución que corresponde al Congreso. El Gobierno también advirtió sobre un posible impacto en el equilibrio fiscal, aunque este planteo fue desestimado por la Cámara en su fallo.
El conflicto entre el Ejecutivo y el sistema universitario se intensificó entre 2024 y 2025, en un contexto de masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales en distintas ciudades del país. Las protestas incluyeron dos Marchas Federales de gran convocatoria, en octubre de 2024 y en septiembre de 2025, esta última bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”, en rechazo a la decisión del Gobierno de vetar la ley que había sido aprobada por el Congreso.
Pese a la sanción legislativa y la posterior ratificación tras el intento de veto presidencial, el Ejecutivo dictó medidas administrativas para evitar la ejecución de la norma. En este escenario, el Gobierno evalúa alternativas para encauzar el conflicto mediante una nueva iniciativa legislativa que modifique el esquema vigente, con el objetivo de alcanzar consenso político en el Congreso y dotar de previsibilidad al sistema universitario, según lo señalado desde la Secretaría de Educación.
