La Comisión Episcopal de la Pastoral Social, (CEPAS), envío una carta a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del senado Victoria Villaruel, con la finalidad de avanzar en el proyecto de regulación de apuestas online siendo esto un imperativo de Salud Mental, cuidado de la juventudes y atención sobre la ludopatía. La carta fue firmada por monseñor Dante Braida presidente de (CEPAS).
La Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) elevó su voz en un llamado urgente al Poder Legislativo, solicitando el tratamiento inmediato en el Senado del Proyecto de Ley que busca regular el juego y las apuestas en línea.
La misiva, firmada por el obispo diocesano de La Rioja monseñor Dante Braida y dirigida a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel, subraya la creciente preocupación de la Iglesia, ante la expansión descontrolada de estas plataformas y su impacto social.
Esta comunicación crucial lleva la firma del Obispo Dante Braida de La Rioja, reflejando la preocupación territorial sobre cómo este fenómeno afecta a nuestras comunidades.
La CEPAS centra su argumento en la necesidad imperiosa de establecer marcos regulatorios claros que pongan coto a la ludopatía, una problemática de salud pública que afecta a miles de familias argentinas. Las apuestas online, accesibles sin las barreras tradicionales del juego físico, han facilitado la captación de nuevos jugadores, incluyendo a una alarmante cantidad de jóvenes y adolescentes.
Regulación como política de estado en Salud Mental
Es fundamental entender que la regulación de los juegos online trasciende la mera cuestión fiscal o de control de mercado; se trata, ante todo, de una “cuestión prioritaria de Salud Mental pública”.
La permisividad actual, donde las plataformas operan en un limbo legal o bajo jurisdicciones difusas, genera un caldo de cultivo para el desarrollo de la adicción.
Para provincias como La Rioja, donde los recursos en salud son limitados, la prevención y la asistencia, en ocasiones son escasas, si no se acompaña de una legislación estricta.
La Iglesia, a través de esta carta, nos recuerda que el Estado tiene el deber ineludible de proteger a sus ciudadanos. La regulación efectiva debe incluir no solo mecanismos de control de acceso y publicidad, sino también la obligación de las empresas de financiar programas robustos de prevención y tratamiento de la ludopatía. Si el juego es una actividad económica, sus externalidades negativas —el daño social y psicológico— deben ser absorbidas y mitigadas por quienes se benefician de ella.
Al solicitar el tratamiento de la Ley CD 26/24, la CEPAS insta a los senadores a priorizar el bienestar social por encima de intereses económicos coyunturales. Es un llamado a legislar con responsabilidad, reconociendo que la protección de la salud mental y la prevención de la ludopatía deben ser ejes centrales de la agenda legislativa nacional. Este pronunciamiento reafirma el compromiso de la Iglesia con la defensa de la vida digna y la familia frente a los desafíos emergentes de la era digital.
Fotografía: Prensa Diputados
