La situación financiera que atraviesa PAMI abrió un nuevo foco de conflicto dentro del Gobierno nacional, en medio de denuncias por deudas que superarían los $500.000 millones, recortes en la atención a afiliados y demoras en los pagos a prestadores de salud.
El Ministerio de Capital Humano buscó despegarse de la crisis mediante un comunicado oficial, en el que aclaró que el organismo no depende de su órbita, sino del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente conducido por Mario Lugones. “Toda información, gestión o consulta vinculada a dichas áreas corresponde ser canalizada a través de las autoridades competentes de Salud”, señalaron desde la cartera, al tiempo que reafirmaron su compromiso con una comunicación “clara y precisa”.
Detrás de la disputa institucional, el sistema prestacional evidencia un deterioro sostenido. Clínicas, sanatorios y profesionales advierten que la falta de actualización en los pagos vuelve inviable la continuidad de los servicios, generando una reacción en cadena que impacta directamente en la calidad y disponibilidad de la atención.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación reconocen dificultades en la gestión, aunque niegan la existencia de un ajuste. Según indicaron, se trata de “retrasos en la transferencia de fondos”. Sin embargo, los datos oficiales muestran una caída del 29,8% interanual en términos reales en las prestaciones del PAMI, mientras que las transferencias del Tesoro Nacional se redujeron un 57,7%, lo que da cuenta de un escenario de fuerte desfinanciamiento.
Las consecuencias de esta situación ya se hacen visibles en el sistema sanitario. La reducción de servicios en el PAMI desplazó la demanda hacia hospitales públicos, que enfrentan una creciente saturación y limitaciones presupuestarias. A la par, se multiplican prácticas informales como el cobro de plus médicos y la implementación de cupos encubiertos para consultas y estudios.
En el plano político, la crisis también generó repercusiones en distintas provincias.
