La comisión investigadora de Diputados presentó su informe final y concluyó que el presidente Javier Milei tuvo un rol clave en la presunta estafa con el token $Libra. El documento atribuye responsabilidad política al mandatario y solicita al Congreso evaluar un posible mal desempeño en sus funciones.
La comisión investigadora del caso $Libra, que trabajó durante más de tres meses en la Cámara de Diputados, difundió el martes su informe final. Allí sostiene que el presidente Javier Milei brindó una “colaboración imprescindible” para que la maniobra pudiera concretarse, y que su intervención fue determinante para el alcance del proyecto. El texto también señala la responsabilidad política de otros funcionarios y exige que el Congreso revise el accionar del mandatario.
El informe, encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro, advierte que la promoción oficial del token no fue un hecho aislado. Sostiene que en diciembre de 2024 existió una maniobra similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, también difundida por Milei. Por eso, considera que la versión oficial —según la cual el Presidente solo compartió información pública sin conocer detalles— “carece de sustento fáctico” y podría implicar una violación a la Ley de Ética Pública.
Además, los legisladores remarcaron que la publicación del link al contrato del token no puede atribuirse al azar, ya que esa información no estaba disponible públicamente. A esto se suma que Milei no consultó a organismos de control antes de promocionar $Libra, lo que, según la comisión, comprometió la investidura presidencial y desdibujó los límites entre lo privado y lo institucional. La oposición busca avanzar hacia un juicio político, aunque el reciente triunfo electoral del oficialismo reduce significativamente esa posibilidad.
El documento también apunta a otros funcionarios, entre ellos Karina Milei, por haber facilitado el acceso de empresarios vinculados al token a la Casa Rosada y Olivos.
A su vez acusa de “incumplimiento de deberes” al ministro Mariano Cúneo Libarona y a varios colaboradores por no presentarse a declarar. En sus conclusiones, la comisión sostiene que la promoción de un criptoactivo no auditado, la omisión de mecanismos de control y el uso de instalaciones oficiales para encuentros con sus promotores configuran conductas que ameritan que el Congreso evalúe un posible mal desempeño presidencial.
