La jueza Julieta Makintach fue imputada en una causa penal por su participación en el documental “Justicia Divina”, filmado durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La investigación la acusa de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.
De acuerdo con el expediente, Makintach aceptó la propuesta de su amiga María Lía Vidal Alemán para integrar el proyecto audiovisual con la promesa de obtener beneficios económicos futuros a partir de inversiones de terceros o regalías por imagen, “utilizando recursos públicos para fines privados”.
Según informó Infobae, el 9 de marzo de 2025 la magistrada habilitó el ingreso a los Tribunales de San Isidro de al menos seis personas vinculadas a la producción, quienes recorrieron el edificio, grabaron en distintas dependencias e incluso registraron escenas dentro de su despacho manipulando expedientes judiciales. Dos días después, en pleno inicio del juicio, facilitó el ingreso de la guionista, el camarógrafo y el productor, que filmaron escenas inéditas pese a la prohibición vigente. Cuando una funcionaria policial intentó frenar la grabación, Makintach desautorizó la orden para que sus socios continuaran filmando.
Las pruebas reunidas incluyen registros de cámaras de seguridad, testimonios de personal policial y material incautado en la productora La Doble S.A., donde se hallaron guiones y videos. Informes de la Suprema Corte bonaerense y de la Cámara de Apelaciones confirmaron que no existía autorización para usar el edificio judicial como set de filmación.
En su dictamen, los fiscales advirtieron que estas acciones “afectan de modo directo la dignidad, independencia e imparcialidad de la función judicial” y solicitaron el desafuero de Makintach, su declaración indagatoria y la continuidad del jury que actualmente la mantiene suspendida.
El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, adhirió al planteo y sostuvo que “la magistrada promovió y protagonizó un emprendimiento audiovisual comercial utilizando su cargo y recursos públicos”. Además, afirmó que sus acciones “provocaron la nulidad del proceso penal principal, generando dilaciones y revictimización para las hijas de Maradona” y reclamó su destitución y el avance de la causa penal.
