En una reciente entrevista, el Presidente argentino Javier Milei salió en defensa de los miembros de su gabinete que accedieron a créditos preferenciales en el Banco Nación. Lejos de cuestionar la ética de que funcionarios públicos utilicen la banca estatal para beneficio personal en un contexto de ajuste brutal, el mandatario minimizó el hecho con una polémica comparación sobre «valores morales».
Para Milei, el uso de recursos públicos por parte de su entorno no constituye una falta grave. Durante su intervención, el presidente estructuró su defensa basándose en lo que él considera los pilares de su «política de Estado»: la vida y la libertad.
«Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación… la pregunta es: ¿Mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No. Con lo cual, el primer punto de nuestros valores morales no está vulnerado», afirmó tajante, descartando cualquier conflicto de intereses.
Este discurso ignora deliberadamente el impacto simbólico y económico de estas medidas. Mientras el Gobierno nacional aplica un recorte histórico sobre jubilaciones, salarios y presupuesto universitario bajo la consigna de que «no hay plata», la facilidad con la que sus funcionarios acceden a financiamiento estatal parece trazar una línea divisoria entre los privilegios de «la casta» propia y el sacrificio del resto de la sociedad.
Para el Gobierno, la vara moral parece haberse reducido a una cuestión de vida o muerte, dejando un peligroso vacío legal y ético sobre el uso de los bienes del Estado.
