Una profunda investigación judicial sacude al ámbito médico tras la imputación de los profesionales Hernán Boveri y Delfina Lanusse, acusados de administración fraudulenta y robo de insumos críticos del Hospital Italiano. La causa, que cobró impulso tras una denuncia del centro de salud basada en filmaciones de seguridad, vincula el faltante de anestésicos con una trama de uso recreativo en fiestas y la muerte del anestesista Alejandro Zalazar.
El caso sumó un capítulo clave con el allanamiento a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación en el barrio de Caballito. En el operativo, la Policía de la Ciudad buscó actas y documentación de los imputados para complementar la causa por «hurto calificado». Eduardo Gerome, abogado de la Asociación, aclaró que la institución fue la primera en acompañar la denuncia al Hospital tras conocerse los hechos que involucraban a sus asociados, aunque admitió que el procedimiento los tomó por sorpresa ya que estaban dispuestos a entregar la información de forma voluntaria.
La situación de Boveri y Lanusse se tornó crítica luego de tres allanamientos previos en Capital Federal y Tigre. En dichos domicilios, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos y una caja con tubos de anestesia clínica, jeringas y ampollas de sedantes quirúrgicos pertenecientes al hospital.
Según las hipótesis que maneja el fiscal Lucio Herrera, estos productos —especialmente fentanilo y propofol— habrían sido sustraídos para su utilización en eventos sociales de carácter privado.
Este entramado delictivo tiene un trasfondo trágico: la muerte de Alejandro Zalazar, anestesista del Hospital Ricardo Gutiérrez, ocurrida a fines de febrero. El profesional fue hallado sin vida con una vía conectada en su pie derecho, y la autopsia confirmó que falleció por un edema pulmonar y meningoencefálico producto de una sobredosis de propofol y remifentanilo.
Las autoridades intentan ahora determinar la conexión directa entre los fármacos robados por los imputados y el deceso de Zalazar.
Actualmente, Hernán Boveri —un experimentado anestesiólogo que se negó a declarar— y Delfina Lanusse —residente de tercer año— enfrentan medidas restrictivas severas. La Justicia les ha prohibido la salida del país y les impide mantener contacto entre sí mientras avanzan las pericias sobre el material tecnológico incautado, el cual podría revelar el alcance real de esta red de desvío de insumos hospitalarios.
