Desde que entró en vigencia la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en enero de 2021, hasta diciembre de 2024, en Argentina se realizaron 314.492 abortos legales, según datos oficiales obtenidos por ADNSUR a través de un pedido de acceso a la información pública. En promedio, el sistema de salud registró 78.623 prácticas por año.
El salto más notorio se dio tras la sanción de la ley. En 2020, cuando solo estaban habilitados los llamados “abortos no punibles” previstos en el artículo 86 del Código Penal, se reportaban cifras mucho menores. Con la entrada en vigencia de la normativa, la cantidad de procedimientos creció un 223,4% a nivel nacional, aunque con profundas diferencias entre jurisdicciones.
Puntualmente, el de nuestra provincia La Rioja es el caso más paradigmático: pasó de apenas 51 abortos no punibles en 2020 a 755 interrupciones en 2021, lo que representa un incremento del 1380%. Tucumán tuvo una suba del 503%, mientras que en Río Negro la variación fue mínima (0,73%) y en Neuquén incluso se registraron menos procedimientos que el año anterior.
En términos de tasa por cada 100 mil habitantes, las provincias del norte concentran algunos de los valores más altos del país. Salta lidera el ranking con 1.247 procedimientos desde la sanción de la ley; le siguen Ciudad de Buenos Aires (1.054), La Rioja (1.029), Tucumán (1.014), Jujuy (935) y Catamarca (928). San Juan, en cambio, muestra la tasa más baja (270).
Para Mariana Romero, investigadora del Conicet y especialista del CEDES, las diferencias entre jurisdicciones responden a factores diversos, como la disponibilidad de efectores de salud, las redes de acceso y la implementación de políticas como la Educación Sexual Integral. “El sistema de salud no sale a buscar a las personas: son ellas las que deben acercarse. En contextos donde no hay información o acompañamiento, muchas mujeres y personas gestantes llegan tarde”, explicó.
El informe también revela que Nación distribuyó entre 2021 y 2023 más de 200 mil unidades de Misoprostol y Mifepristona a las provincias, lo que sugiere que los procedimientos farmacológicos son los más utilizados por su carácter ambulatorio y menos invasivo. Sin embargo, desde fines de 2023 se suspendieron los informes oficiales periódicos, lo que interrumpe el monitoreo de la política pública.
