La proclamación de la senadora Lorena Villaverde perteneciente al partido de La Libertad Avanza quedó envuelta en una fuerte controversia luego de que apoderados del Partido Justicialista presentaran una impugnación ante la Justicia Electoral, argumentando que la dirigente mantiene presuntos vínculos con causas de narcotráfico en Estados Unidos y enfrenta procesos civiles y comerciales en Argentina.
Villaverde, de 48 años, es diputada nacional desde 2023 y preside la Comisión de Energía en la Cámara baja. Aunque su mandato se extiende hasta 2027, decidió competir como candidata al Senado en las elecciones legislativas de 2025. La votación dejó un resultado inusual: mientras que su fuerza política, La Libertad Avanza, ganó con holgura en la categoría de diputados nacionales, en la disputa para el Senado la lista encabezada por Villaverde fue derrotada por apenas 2.200 votos, permitiendo que Fuerza Patria se impusiera en ese tramo.
La impugnación presentada por el PJ menciona documentos judiciales estadounidenses que señalan que Villaverde fue detenida en 2002 en Florida en un caso por tráfico de drogas posteriormente desestimado. La diputada, consultada por La Nación, negó haber participado en una operación criminal y afirmó que fue víctima de “una trampa” que derivó en la nulidad del juicio. Según la presentación, también habría existido una detención previa en Miami en 2001 por “obstrucción de la Justicia”.
En Argentina, Villaverde enfrentó diversas controversias judiciales. En 2018 su domicilio fue allanado en una causa por lavado de dinero que luego fue archivada; en 2025, un juez ordenó el embargo de sus bienes por presuntas estafas vinculadas a la venta de terrenos en Las Grutas. Además, en la Legislatura rionegrina surgieron cuestionamientos a la legalidad y magnitud de su patrimonio, declarado en 225 millones de pesos en 2024. Entre sus bienes figuran un lote de 134 hectáreas en Las Grutas -adquirido por herencia en 1998-, una casa en Escobar, una inversión inmobiliaria en Neuquén, un BMW y ahorros en pesos y dólares.
Los documentos citados por los apoderados del PJ indican que Villaverde habría sido detenida en el Aeropuerto de Sarasota junto con ciudadanos cubanos y colombianos, con la incautación de un kilo de cocaína y más de 17 mil dólares en efectivo. La diputada habría accedido a un acuerdo que le permitió regresar a Argentina. A pesar de las sospechas, Villaverde niega la existencia de un proceso penal vigente, aunque, según las mismas fuentes, tendría prohibido ingresar a Estados Unidos. Hasta el momento, no presentó documentación que permita verificar o refutar de manera definitiva esa información.
En respuesta a las acusaciones, Villaverde difundió el 9 de octubre de 2025 un video en el que se somete a un narcotest y a una rinoscopia. “La confianza se gana con gestos”, declaró, y aseguró que ambos estudios arrojaron resultado negativo. La publicación fue interpretada como un intento de mostrar iniciativa frente a lo que considera una campaña de desprestigio.
Facundo Manes presentó un proyecto amparado en el artículo 66 de la Constitución nacional, alegando “inhabilidad moral sobreviniente” y advirtiendo sobre el avance de la “narcopolítica”. También exigió que Villaverde renuncie a su candidatura y expresó solidaridad con el periodista Nicolás Wiñazki, quien afirmó haber recibido un mensaje con tono intimidatorio tras emitir un informe crítico sobre la legisladora.
El diputado Esteban Paulón, por su parte, reclamó su remoción de la presidencia de la Comisión de Energía, señalando posibles vínculos con Cicarelli, un empresario que habría prestado logística a “Fred” Machado, investigado por narcotráfico.
La Cámara Nacional Electoral deberá resolver si los elementos presentados constituyen motivos suficientes para bloquear la toma de posesión de la banca.
