En 26 meses, la administración de Javier Milei acumuló recortes en transferencias automáticas y no automáticas a las provincias por más de U$S 18.500 millones. A la caída de la coparticipación y de la recaudación propia se suma un esquema de asistencia nacional discrecional y limitada. En este contexto, algunas provincias pagan sueldos en cuotas, otras aún adeudan el medio aguinaldo de diciembre y crecen los reclamos salariales.
La administración central encabezada por Javier Milei ha profundizado un esquema de ajuste que coloca a las provincias en una situación de creciente fragilidad. En 26 meses, el recorte acumulado en transferencias —automáticas y discrecionales— asciende a U$S 18.500 millones, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Esta retracción, sumada a siete meses consecutivos de caída en la coparticipación y a la baja en la recaudación propia por la parálisis económica, configura un escenario de alta tensión política y social, especialmente en el norte del país, incluida La Rioja.
Cóctel explosivo
No hay distritos con coparticipación en alza. En el primer bimestre del año se registró una caída promedio del 6,9%, que junto al desplome de ingresos propios obliga a los gobernadores a ajustar o, en el mejor de los casos, a reasignar partidas. Mientras algunos mandatarios alineados a La Libertad Avanza buscan respaldo en la Casa Rosada, otros avanzan con demandas ante la Corte Suprema.
La recesión y la caída del consumo profundizan la pérdida de recursos y consolidan un “cóctel explosivo” frente a las obligaciones que las provincias deben sostener sin respaldo nacional en áreas clave como salarios, obra pública y servicios.
Conflictividad social en alza
La falta de recursos intensifica los conflictos en el sector público. La negociación salarial con docentes se repite como foco de tensión en casi todo el país. En Tucumán ya se paga salarios en cuotas y en varias provincias aún no se completó el medio aguinaldo de diciembre.
A esto se suma la absorción de gastos que la Nación dejó de cubrir, como subsidios al transporte, Fonid, obra pública, discapacidad y atención de jubilados en hospitales provinciales ante las falencias del PAMI, lo que agrava aún más la situación fiscal.
Las señales de fragilidad se extienden en casi todo el mapa, salvo en provincias con regalías hidrocarburíferas. También crecen los conflictos en otros sectores: en Santa Fe, Catamarca y Jujuy hubo tensiones salariales con fuerzas de seguridad y docentes, mientras que en Misiones se frenaron incorporaciones y compras por falta de presupuesto.
En La Rioja, el escenario es más crítico: la provincia no puede pagar la deuda por el “bono verde” desde 2024 y el ajuste impacta de lleno en la actividad económica, al punto de liderar el cierre de empresas.
Ayuda discrecional
En las transferencias no automáticas, la caída de fondos se combina con una creciente discrecionalidad que varias provincias interpretan como un reparto político. Esto se refleja en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
En 2025 se distribuyeron 207 mil millones de pesos, con envíos concentrados en algunas provincias, mientras que La Rioja no recibió fondos en toda la gestión. En 2026, ya se repartieron 74 mil millones con una lógica similar.
Corrientes ya recibió tres envíos por un total de 14.000 millones, Misiones recibió dos ATN por un total de 9.500 millones y Salta también recibió dos, por 7.500 millones. Les siguen Mendoza (7.000 millones), Chubut (6.500 millones), Entre Ríos (6.000 millones), Jujuy (5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén (4.000 millones en cada caso) y Catamarca (2.500 millones).
La distribución responde a criterios políticos y funciona como una herramienta de negociación ligada al acompañamiento de los gobernadores en el Congreso.
El escenario abre interrogantes hacia el futuro de las provincias: con ingresos en caída, mayor presión sobre el gasto y una asistencia nacional cada vez más limitada y discrecional, las provincias enfrentan un margen de maniobra cada vez más estrecho.
