Sin estridencias pero con una contundencia difícil de maquillar, el juez federal Ernesto Kreplak pasó por la comisión investigadora de Diputados y dejó al desnudo un recorrido de irregularidades que permitió que ampollas de fentanilo contaminado circularan por el sistema de salud argentino durante meses. Su presentación, de casi hora y media, funcionó como una radiografía incómoda: un circuito frágil, burocrático y permeable a fallas que involucra al Estado, a laboratorios y a centros de salud.
Kreplak fue claro desde el principio: «No hay capacidad de monitoreo en tiempo real de parte del Estado». En un país donde los medicamentos controlados deberían moverse bajo estricta trazabilidad, su afirmación resonó como algo más que un dato técnico. El juez describió una estructura que no logra seguir el recorrido del fentanilo desde la producción hasta la aplicación, un vacío que dejó a miles de ampollas libradas a controles tardíos, incompletos o directamente inexistentes.
A esto se le sumó otro problema ya naturalizado: la falta de notificación de eventos adversos. Lo que debería ser reporte obligatorio por parte de las provincias y los centros de salud termina dependiendo de voluntades dispares, sin sanciones ni mecanismos ágiles para corregir omisiones. En la práctica, como admitió el propio Kreplak, los sistemas oficiales se enteran tarde, mal y a veces nunca.
La exposición avanzó con un repaso detallado del caso que alertó al sistema: el brote detectado en el Hospital Italiano de La Plata, donde 13 de 15 pacientes murieron tras recibir ampollas de HLB Pharma contaminadas con bacterias multirresistentes. Ese centro había adquirido 10.000 unidades… pero el lote completo era de 154.530 ampollas. La pregunta que abrió la investigación resulta obvia y, a la vez, inquietante: ¿dónde estaban las demás y a cuántos pacientes habían llegado?
Según Kreplak, la información provista por la Anmat fue insuficiente. La autoridad regulatoria había prohibido el uso del fármaco, pero no tenía claro dónde estaban las ampollas ni podía fiscalizar su retiro sin datos confiables del propio laboratorio. La escena, repetida en otros expedientes sanitarios, vuelve a mostrar un organismo obligado a actuar a ciegas.
El trabajo conjunto con el Malbrán y el Ministerio de Seguridad permitió reconstruir parte del rompecabezas: se liberaron 86.000 ampollas contaminadas al sistema de salud; el juzgado encontró 85.848 en centros médicos y droguerías. Las restantes, se presume, fueron administradas a pacientes. Así surgieron nuevas víctimas, nuevas historias clínicas y más centros que debieron ser investigados.
Mientras tanto, el juez anticipó que seguirán trabajando incluso durante la feria judicial para consolidar un número aproximado de casos fatales y no fatales hacia fin del verano. La causa, si no hay sobresaltos, podría llegar a juicio recién en invierno de 2026. Un horizonte lejano para los familiares que escuchaban desde la sala.
Kreplak se detuvo también en el origen del daño: irregularidades de producción en la planta de Laboratorios Ramallo. Según explicó, existió un «incumplimiento sistemático de las buenas prácticas» y una falsificación de registros de fabricación, algo que se suma a 118 alertas previas por desvíos de calidad entre 2018 y 2024. Nada que hubiera impedido a los organismos actuar antes… si la información hubiese fluido como corresponde.
Antes de cerrar, el juez dejó una serie de recomendaciones legislativas: trazabilidad digital y en tiempo real, control más estricto de certificados entre laboratorios, estandarización de registros hospitalarios y sanciones efectivas ante cualquier omisión de reporte. Un pedido técnico, sí, pero que suena a advertencia: lo ocurrido no fue un accidente inevitable, sino el resultado previsible de un entramado que hace tiempo muestra señales de desgaste.
La próxima semana será el turno del ministro de Salud, Mario Lugones, y de las autoridades de la Anmat. La expectativa, al menos entre las familias de las víctimas, es que esta vez alguien aporte respuestas claras. Aunque la experiencia reciente invita a la cautela.
