Se viralizó un video en el que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, promete cargos judiciales, legislativos y control de medios a un exagente de la CIA denunciado por abuso sexual. Legisladores de la oposición reclaman su renuncia inmediata.
Un video de cámara oculta difundido por el programa Argenzuela (C5N) desató una fuerte polémica en Argentina, mostrando al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo sus contactos y servicios al activista conservador y exagente federal estadounidense Tim Ballard.
Según reveló el ciclo televisivo, el encuentro tuvo lugar en Nueva York y se llevó a cabo con el objetivo de “cambiar la imagen” de Ballard en el país, quien enfrenta múltiples acusaciones de abuso sexual por parte de mujeres.
En la grabación, se escucha a Cúneo Libarona prometer a Ballard “aceitar” su relación con la prensa argentina.
“Lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios”, sugiere el ministro en el fragmento de video.
Lo más cuestionable se produce cuando el ministro menciona de forma explícita su influencia en otras áreas del poder. «Te podría conseguir algunas reuniones con jueces de distintos ámbitos», se lo escucha decir.
Además, le ofrece contacto directo con legisladores argentinos y la posibilidad de revisar un proyecto de ley que, según Cúneo Libarona, él mismo habría redactado antes de enviarlo al Congreso. Esta conversación podría interpretarse como una intromisión en la independencia de los poderes del Estado.
Diputados de distintos bloques de la oposición exigen la renuncia inmediata del ministro, al que acusan de tráfico de influencias, violación de la Ley de Ética Pública y gestión ilegal de intereses. Esteban Paulón, Mónica Fein y Maximiliano Ferraro fueron algunos de los legisladores que encabezaron los cuestionamientos, señalando además los antecedentes judiciales y profesionales del ministro como motivo suficiente para su apartamiento. Mientras tanto, el Gobierno aún guarda silencio y crece la posibilidad de un pedido formal de juicio político.