El artículo 1° de la Ley Bases otorgó al Poder Ejecutivo la posibilidad de realizar modificaciones en materia administrativa, económica, financiera y energética por un plazo que venció este martes.
Las facultades delegadas a través de la Ley Bases que permitían al Poder Ejecutivo modificar cuestiones en materia administrativa, económica, financiera y energética sin pasar por el Congreso finalizaron este martes. En ese marco, el presidente Javier Milei decretó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas.
En algunos casos se trata de reasignaciones de funciones y no desapariciones totales, aunque este cambio implica pérdida de autonomía y mayores límites presupuestarios.
Entre los organismos disueltos por decreto del pasado martes se encontraba la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad, las Delegaciones Sanitarias Federales del Ministerio de Salud, la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Comisión Nacional de Semillas. En algunos casos, como el del Instituto Nacional de Medicina Tropical, se justificó la eliminación por superposición de funciones y falta de resultados concretos.
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
La CNRT se transformó en la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, y la Junta de Seguridad en el Transporte se reconvirtió en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, con competencias limitadas a la investigación aeronáutica.
También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
Los considerados de los decretos hablan de un diagnóstico que detectó un «incremento desproporcionado de estructuras y personal» en los organismos descentralizados.
Además, se disolvieron tres fondos fiduciarios (Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso Financiero y de Administración del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) y ya son 29 los dados de baja por el Ejecutivo.