El triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo, ocurrido en Florencio Varela en un contexto de narcotráfico, volvió a poner en evidencia una problemática que las organizaciones feministas y de derechos humanos vienen denunciando desde hace años: las violencias contra las mujeres que se agravan en entornos dominados por economías delictivas y redes criminales.
Según los datos del Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de MUMALA, entre junio de 2015 y junio de 2025 se registraron 172 femicidios relacionados con economías delictivas y narcotráfico en la Argentina. Si bien los casos se distribuyen en 13 provincias, el 66% corresponde a Santa Fe -en especial a la ciudad de Rosario- y el 17% a Buenos Aires, lo que refleja una concentración territorial de la violencia asociada al crimen organizado.
Entre enero y septiembre de 2025, La Casa del Encuentro documentó 181 femicidios en todo el país, e informó que desde 2022 su observatorio incluye entre las variables los femicidios en contexto de narcocriminalidad. “El narcotráfico es un delito complejo en el que intervienen múltiples factores, y su análisis debe incorporar la perspectiva de género”, explicaron desde la organización.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación también advirtió sobre esta tendencia: en su último informe, contabilizó 12 casos de mujeres asesinadas en contextos de narcotráfico entre enero y noviembre de 2024, mientras que el año anterior se habían registrado 28.
Desde la ONG Ahora que sí nos ven denunciaron que “en lo que va de 2025 se registraron al menos 12 femicidios en contextos de narcocriminalidad, entre ellos los de Brenda, Morena y Lara. Mujeres empujadas a la precarización y a las economías ilegales son asesinadas o criminalizadas, y sus cuerpos convertidos en territorios de guerra”.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), por su parte, subrayó que “la violencia no afecta a todas por igual: en contextos de criminalidad organizada, las mujeres están en mayor riesgo de ser usadas como mercancías, eliminadas como ‘mensaje’ o como producto de venganza entre bandas”. Entre 2020 y 2025, ELA registró 196 femicidios vinculados al narcotráfico, de los cuales 128 ocurrieron en Rosario.
A nivel regional, la ONG Mundo Sur señaló que los femicidios asociados al narcotráfico se replican en toda América Latina, con particular incidencia en Honduras y Puerto Rico, donde las bandas narcomafiosas y los sicarios operan con mayor presencia.
Desde el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti advirtieron que “esta modalidad evidencia cómo la violencia machista se reconfigura y expande, sumando nuevos escenarios que exigen abordajes integrales y con perspectiva de género”. Además, destacaron que el 14,5% de los femicidios registrados desde 2013 fueron cometidos por desconocidos, un grupo que suele vincularse con los crímenes en contextos de criminalidad organizada.
En La Rioja, la Secretaría de la Mujer y Diversidad informó que entre enero y junio de 2025 se brindó asistencia a 1.280 personas, y que el 41% de los agresores presentaba consumo problemático, un factor que agrava la violencia ejercida.
La provincia había mostrado en 2023 una tasa de femicidios superior al promedio nacional (1,46 por cada 100.000 mujeres), aunque el indicador descendió a 0,48 en 2024.
Desde la misma Secretaría, su titular Karen Navarro cuestionó la ausencia de políticas nacionales: “En octubre de 2024, durante el Consejo Federal de Áreas de Género y Derechos Humanos, se presentó un petitorio solicitando información sobre el estado actual de los programas para el abordaje de las violencias, pero nunca se obtuvo respuesta”.
ELA también denunció que Argentina no cuenta con un Plan Nacional de Acción contra las violencias de género desde 2017, en incumplimiento de la Ley 26.485. “La falta de planificación estatal ha generado menor acompañamiento político, recortes de recursos y un retroceso en el compromiso con las leyes de igualdad”, alertaron.
