El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja inició actuaciones de superintendencia para investigar la intervención de los organismos judiciales y policiales tras el femicidio de Jéssica Mercado. La medida busca auditar el manejo de las denuncias previas y se suma a resoluciones por demoras procesales y denuncias de violencia laboral en otros juzgados de la capital.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de La Rioja resolvió iniciar actuaciones de superintendencia por el femicidio de Jéssica Verónica Mercado, de 34 años, con el objetivo de relevar la intervención realizada por los distintos organismos que actuaron en el caso. En el marco de un Acuerdo de Superintendencia celebrado el 11 de marzo de 2026, el Alto Cuerpo solicitó informes detallados al Ministerio Público Fiscal, a la Policía de la Provincia, al Juzgado de Instrucción en Violencia de Género y Protección Integral de Menores y al Juzgado de Ejecución Penal. Estas medidas buscan analizar las actuaciones cumplidas por cada organismo en relación con las denuncias que habían sido formuladas oportunamente por la víctima y evaluar la eventual adopción de medidas institucionales o disciplinarias que pudieran corresponder.
En la misma jornada, el Tribunal declaró la pérdida de competencia de una magistrada de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial. La decisión se tomó al verificarse el vencimiento del plazo legal para dictar resolución tras la presentación de un pronto despacho, disponiéndose la remisión de las actuaciones al subrogante legal correspondiente y solicitando a la magistrada un informe que explique las razones de la demora.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia resolvió dar tratamiento a una denuncia por presunta violencia laboral presentada por empleados judiciales contra una magistrada de la Cámara Primera en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial. Al respecto, se dispuso la apertura de las actuaciones correspondientes para el análisis institucional de los hechos denunciados, reafirmando que el respeto y la dignidad en el trato son principios fundamentales dentro de la Función Judicial. El Alto Cuerpo señaló que estas determinaciones se inscriben en una política orientada a fortalecer la transparencia, garantizar respuestas en tiempo oportuno y promover un ámbito laboral adecuado dentro del sistema de justicia provincial.
