Bajo el amparo de la Ley Bases, la gestión de Javier Milei puso en marcha la licitación para desprenderse del 100% de la empresa estatal de rampas. Sin participación de los trabajadores y con un precio base de apenas 45 millones de dólares, el Ejecutivo entrega un activo estratégico que garantiza la conectividad en 16 aeropuertos del país.
En una nueva avanzada del plan de desguace del Estado, el Gobierno Nacional oficializó este jueves el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la privatización de Intercargo S.A.U. A través de la Resolución 282/2026, se estableció un precio base de US$45.120.000, una cifra que diversos sectores técnicos consideran insuficiente para una compañía que ostenta el control operativo de la logística en casi todas las terminales aéreas de la Argentina.
La decisión de transferir las 3.050.000 acciones ordinarias de la firma no solo implica la pérdida de control estatal sobre el servicio de rampas, sino que lo hace sin reserva de participación alguna para el Estado ni programas de propiedad participada para sus empleados. Esta exclusión de los trabajadores del proceso de capitalización rompe con tradiciones históricas de privatizaciones previas y profundiza la precariedad de la transición.
El precio fijado por el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) ha despertado suspicacias. Entregar el 100% de la operatividad en 16 aeropuertos por poco más de 45 millones de dólares suena, para muchos analistas, a un subsidio indirecto para los grandes capitales internacionales que buscan posicionarse en el mercado local aprovechando la urgencia fiscal del Ejecutivo.
Los riesgos de la desregulación: ¿Qué pasará con los aeropuertos del interior?
Si bien el pliego establece una cláusula de «Período de Transición» de 180 días hábiles para garantizar la continuidad del servicio, el futuro de la conectividad en las provincias es incierto. Una vez vencido ese plazo semestral, el nuevo dueño privado tendrá la potestad de retirarse de cualquier escala que no le resulte rentable, simplemente notificando con 60 días de antelación.
El dato: El retiro de Intercargo de aeropuertos de menor flujo de pasajeros podría dejar aisladas a varias provincias, ya que las empresas privadas difícilmente mantendrán operaciones a pérdida por «sentido de soberanía».
El proceso, que se llevará a cabo mediante la plataforma CONTRAT.AR, impone requisitos de solvencia sumamente específicos que parecen estar diseñados «a medida» de grandes grupos financieros. Aunque se busca evitar la integración vertical (prohibiendo la participación de concesionarios aeroportuarios actuales), la apertura de la licitación en portales del Banco Mundial deja claro que el objetivo es la extranjerización definitiva del servicio.
Cronograma de la entrega:
– 27 de abril: Cierre de consultas al pliego.
– 7 de mayo (9:30 hs): Vencimiento para la presentación de ofertas.
– 7 de mayo (10:00 hs): Apertura de sobres y comienzo del fin para la gestión pública en rampas.
Con la supervisión de la «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», el Gobierno acelera una medida que prioriza la caja inmediata por sobre el control estratégico de los cielos argentinos. Lo que el Ejecutivo presenta como «eficiencia y transparencia», los sectores críticos lo ven como la entrega de una herramienta clave para el desarrollo federal a cambio de un puñado de dólares.
