En un nuevo capítulo del debate sobre derechos cuestionados de las disidencias, diputados del PRO y La Libertad Avanza presentaron un proyecto que busca restringir el alcance de la Ley de Identidad de Género sancionada en 2012. La iniciativa, firmada por Gerardo Milman (PRO), Lilia Lemoine y Carlos Zapata (LLA), propone que el Estado deje de financiar tratamientos hormonales y quirúrgicos relacionados con la adecuación de género, además de limitar la cobertura de obras sociales y planes de salud como el PMO.
El texto, que genera fuerte controversia principalmente en activistas por los derechos humanos y colectivo LGBTIQ+, sostiene que “el Estado no debe financiar, promover ni imponer la identidad de género en las personas”, al tiempo que plantea que estas decisiones deben permanecer dentro del ámbito privado. La propuesta contempla que ninguna dependencia estatal -incluidos organismos descentralizados o empresas con participación pública- pueda destinar fondos a prácticas vinculadas a cuestiones de género o sexualidad.
Aunque Milman aclaró que el proyecto no niega el derecho de cada persona a autodefinirse conforme a su vivencia interna del género, remarcó que la normativa actual implica un “gasto compulsivo” por parte del Estado. “Reafirmamos el principio liberal de soberanía del individuo sobre su propio cuerpo y vida, pero en un marco sin injerencia fiscal ni ideológica”, declaró.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto tiene que ver con las restricciones en casos que involucren a menores de edad. Según sus impulsores, el Estado no debería poder intervenir ni financiar decisiones personales vinculadas al cambio de género sin la autorización expresa de los padres. “Las familias deben tener el control sobre estas decisiones. Es un error que el Estado suplante la patria potestad bajo pretextos ideológicos”, argumentó Milman.
El proyecto fue duramente cuestionado, visto como un intento de retroceder en la ampliación de derechos conquistada con la Ley de Identidad de Género, considerada pionera en el mundo por su enfoque de autodeterminación. El texto aún no fue tratado en comisiones, pero ya comenzó a generar fuertes repercusiones políticas y sociales.