Ian Moche, el niño activista que promueve la concientización sobre el autismo, presentó una denuncia judicial contra el presidente Javier Milei por la difusión de un tuit en el que se lo acusa de pertenecer a una familia “ultra kirchnerista” y de haber sido “utilizado” por referentes políticos como Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. La demanda, de 28 páginas, fue presentada con el patrocinio del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y exige la eliminación inmediata del posteo, además de que el mandatario se abstenga de realizar publicaciones similares en el futuro.
El hecho que motivó la denuncia ocurrió en junio, cuando Milei compartió una publicación en la red social X en la que se lo acusaba a Moche de operar políticamente contra el Gobierno. El presidente acompañó la cita con un mensaje propio en el que calificaba al periodista Paulino Rodríguez, quien había entrevistado al niño, como “siempre del lado de los kukas”, amplificando el alcance del contenido original.
La presentación judicial sostiene que el accionar del presidente vulnera derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional. “Se trata de una acción pública que refuerza estigmas, legitima agresiones discursivas y promueve simbólicamente un trato desigual, discriminatorio y denigrante”, señala la demanda.
No es la primera vez que el comportamiento digital del presidente genera cuestionamientos legales. En octubre de 2024, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, también lo denunció por amenazas luego de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Ian, que ha participado en distintos medios para visibilizar el autismo, ya había sido objeto de polémica cuando su madre denunció declaraciones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien supuestamente habría afirmado que “tener un hijo con discapacidad es responsabilidad de la familia y no del Estado”. Aunque el funcionario negó los dichos, la situación generó un amplio rechazo en sectores vinculados a los derechos de las personas con discapacidad. La denuncia busca sentar un precedente frente al uso de redes sociales por parte de funcionarios públicos para emitir mensajes que pueden afectar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.