Ante la aparición de personas que intentan lucrar con la necesidad habitacional de las familias, el Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, emitió un alerta urgente a la comunidad. Desde el organismo que conduce Ariel Puy Soria recordaron que no existen gestores autorizados ni intermediarios habilitados para tramitar el acceso a una vivienda, subrayando que cualquier pedido de dinero a cambio de una supuesta adjudicación es una práctica ilegal y constituye un intento de estafa.
Las autoridades provinciales señalaron que este tipo de maniobras delictivas buscan aprovecharse de las urgencias de los vecinos, pero fueron categóricos al advertir que «es tan estafador el que supuestamente vende como el que compra». En este sentido, la cartera de Vivienda reafirmó su política de tolerancia cero ante la corrupción, asegurando que se llevarán adelante las denuncias judiciales pertinentes y se hará pública cualquier situación irregular de la que se obtengan pruebas, ya que el sistema de entrega de viviendas es transparente y gratuito en todas sus instancias de gestión.
Esta firme postura institucional se da en un contexto donde la construcción de viviendas se ha consolidado como una política de Estado prioritaria para la provincia. En los últimos años, La Rioja ha logrado entregar más de 6 mil soluciones habitacionales, destacándose a nivel nacional por ser la única jurisdicción que incorpora un tercer dormitorio en sus unidades para mejorar la calidad de vida de los adjudicatarios. Este esfuerzo se mantiene a pesar del complejo escenario financiero actual, marcado por la falta de envíos de fondos desde la administración central.
Finalmente, desde el Ministerio destacaron que el desarrollo de estos programas demanda una inversión económica significativa por parte del Estado provincial. Por este motivo, las autoridades concluyeron que resulta inaceptable permitir que «delincuentes jueguen con la ilusión de las familias», especialmente en tiempos de asfixia financiera, e instaron a la población a informarse únicamente por los canales oficiales para evitar caer en engaños que pongan en riesgo su patrimonio.
