En cumplimiento de una orden judicial, el Ministerio de Defensa de la Nación cesó a 23 militares con sentencias firmes por crímenes de lesa humanidad. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, responde a un requerimiento del Ministerio Público Fiscal y fue llevada a cabo por la cartera que encabeza Luis Petri.
Según el Ministerio de Defensa, la disposición no fue una decisión unilateral, sino el resultado de un pedido formal realizado por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, quien instruyó la separación de los efectivos condenados en instancias definitivas.
El fiscal envió la solicitud al ministro Petri, al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y al titular de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo, exigiendo que se procediera con las bajas correspondientes.
El fiscal Rodríguez también recordó a Petri que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”.
Los militares dados de baja son Eduardo Rodolfo Cabanillas, Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá, Federico Antonio Minicucci, Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana y Horacio Hugo Maderna. También se encuentran en la lista Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.