La conexión entre Javier Milei con el empresario “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, pone al Gobierno libertario bajo presión. Ambos comparten abogado y la decisión final sobre la extradición a Estados Unidos recaerá en la firma del Presidente, mientras se revelan vínculos cada vez más incómodos con el oficialismo.
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires no logra despegar los vínculos entre el empresario “Fred” Machado y La Libertad Avanza. En los próximos días, la Justicia avanzará con el pedido de extradición, y la figura de Javier Milei cobra protagonismo: su firma será clave para decidir si Machado enfrentará el juicio en Estados Unidos. La trama se vuelve aún más delicada, ya que ambos comparten abogado, exponiendo vínculos incómodos entre el poder político y el entorno judicial en plena campaña electoral.
El expediente de extradición de Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y fraude internacional, acumula más de cuatro años de demoras y maniobras judiciales. Tras el dictamen favorable del procurador interino Eduardo Casal en abril de 2023, la causa comenzó a circular por la Corte Suprema durante el gobierno de Milei, donde se registraron dilaciones, cambios de ponentes y nuevas remisiones al juzgado de Neuquén por gestiones de sus abogados, incluido Francisco Oneto, también defensor de Javier Milei. Las maniobras coincidieron con la exposición mediática del vínculo entre Machado y José Luis Espert, y con cuestionamientos sobre la influencia del abogado compartido en la decisión de la Corte, en medio de la campaña electoral y del rol clave que tendrá la firma de Milei para definir si Machado será extraditado a Estados Unidos. La normativa permite al Presidente rechazar la extradición por razones de soberanía, seguridad u otros intereses esenciales para Argentina.
- Los vínculos con el poder libertario
El caso generó un fuerte nerviosismo dentro del Gobierno libertario. Machado mantiene conexiones con funcionarios y dirigentes cercanos a Milei y, de manera insólita, ambos comparten al mismo abogado, Francisco Oneto, un detalle que potencia la percepción de conflicto de intereses y cuestiona la independencia de las decisiones del Ejecutivo.
El empresario habría recurrido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona para frenar su extradición, incluso se habla de que Machado contrató al ex gobernador Horacio Massaccesi para gestionar movimientos dentro de la Corte. El vínculo no es menor: su hijo, Leandro Massaccesi, ocupa un cargo clave como jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello.
El caso se cruza con otros episodios del oficialismo: vínculos entre Cúneo Libarona, la diputada Lorena Villaverde y Claudio Ciccarelli, primo de Machado, fueron señalados por el diputado Martín Soria y motivaron la reactivación judicial de la causa. La filtración de un video de José Luis Espert en la pileta de Machado en 2019 reforzó la impresión de presión y mensajes políticos del empresario hacia el Gobierno.
- La acusación contra Machado
A nivel internacional, la Justicia estadounidense ratificó la vigencia del pedido de extradición, basándose en la evidencia del tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude electrónico. Las pruebas incluyen aeronaves incautadas en varios países, cargamentos que superaron las dos toneladas de cocaína y movimientos financieros por cientos de millones de dólares. La exsocia de Machado ya recibió 16 años de condena, y otros coimputados penas significativas.
En la Argentina, la tensión se intensifica en plena recta electoral. La decisión de Milei pondrá a la vista de todos el conflictos de interés que torna en la causa. El papel de Oneto, abogado compartido, y la intervención de asesores del oficialismo en la demora del expediente generan un escenario de cuestionamientos públicos y políticos.
El reloj corre y la definición es inminente. Entre una Corte Suprema que aún debe cerrar formalmente el trámite y un Presidente que deberá firmar la extradición, el caso de Machado se convirtió en una incomoda encrucijada para el gobierno que en plena campaña electoral salen a la luz los oscuros vínculos entre la política, justicia y narcotráfico.
